Imputan por la trama urbanística de Llíber al actual alcalde y a tres ediles

A. P. F. LLÍBER La trama urbanística de Llíber no deja de engordar. Entre los imputados hay promotores, constructores e intermediarios en la venta de terrenos no urbanizables y chalés ilegales. Hasta ahora el único político implicado era el ex alcalde de Llíber, José Mas Avellá, del PP, que ayer, tras declarar ante la juez, ingresó en prisión provisional sin fianza. Sin embargo, el actual primer edil, Juan Bautista Reus, del PSPV, también está desde ayer imputado por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
La misma suerte que Reus corrieron todos los políticos que integraban la corporación de Llíber entre 1999 y 2003, que presidía como alcalde el popular José Mas. Además del actual primer edil, acudieron en la mañana de ayer al cuartel de la Guardia Civil de Calp el primer teniente de alcalde y actual responsable de Urbanismo, José Ordines, del PSPV, el ex concejal socialista José Fullana, y los dos ediles del PP José Juan Reus y Vicente Andrés Ivars. Todos ellos, tras ser interrogados en calidad de detenidos, quedaron en libertad pero imputados por un presunto delito contra la ordenación del territorio.
Fuentes del caso indicaron que a estos cinco políticos, de los que cuatro siguen en la corporación actual, se les relaciona con la trama de corrupción urbanística porque, en las actas de pleno del mandato de 1999 a 2003, figura que votaron a favor de dar licencias para edificar casas en suelo no urbanizable. No obstante, según las mismas fuentes, aquellos votos no tenían valor, ya que el entonces alcalde no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos de obra.
En esos años fue cuando el ayuntamiento otorgó licencias a destajo para construir viviendas que eran ilegales pues estaban en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados (algunas incluso de 2.000 y 1.000 m2). En ese mandato, se edificaron entre 300 y 350 chalés ilegales que todavía hoy tienen servicios de luz y agua en precario (de obra). Fue entonces cuando el promotor Miguel M., para quien la juez decretó el lunes prisión provisional, y otros empresarios ahora imputados presuntamente estafaron a cientos de residentes extranjeros al venderles casas que están fuera de ordenación y que son difícilmente legalizables.
En la mañana de ayer, la juez del juzgado número 3 de Dénia que instruye este caso de presunto corrupción urbanística tomó declaración al ex alcalde José Mas Avellá y al arquitecto técnico Amador Signes. La magistrada ordenó para ambos el ingreso en prisión provisional sin fianza. En cambio, el otro imputado en prisión, el promotor antes citado, sí que puede salir en libertad si abona una fianza de 100.000 euros. Tanto José Mas como Amador Signes, quien fue hasta 2003 aparejador municipal de Llíber (el encargado, por tanto, de informar los permisos de obra), están acusados de cohecho, estafa, prevaricación y delito contra la ordenación del territorio.
El número de implicados en la trama no ha parado de crecer desde que el domingo la Guardia Civil detuvo al promotor Miguel M. y al constructor Trevor B. Este último y la también promotora Truder W. quedaron en libertad, pero imputados por estafa y cohecho tras declarar ante la juez el martes. Los empresarios que han estado arrestados por la trama son cinco, pero hay otros promotores, intermediarios y, posiblemente, un notario que también podrían estar relacionados con la construcción de las casas ilegales, su venta fraudulenta y la falsificación de escrituras y títulos de compra-venta.
Llíber, un pueblo del interior de la Marina Alta de mil habitantes, de los que más de la mitad son residentes extranjeros, se ha visto sacudido por un escándalo urbanístico de dimensión descomunal.

"Si José Mas tiene culpa, los otros también"

"En Llíber, toda la vida se han dado licencias para construir en parcelas de 5.000 m2". Familiares del ex alcalde José Mas Avellá, que acudieron al juzgado mientras éste declaraba, afirmaron ayer que, si en el municipio ha habido "barbaridades" urbanísticas, la responsabilidad es de más de un político. Aseguraron que la excepción de permitir construir en suelo no urbanizable en parcelas de 5.000 metros cuadrados (lo legal es en terrenos de 10.000 m2) la han aplicado tanto el PP como el PSPV. "Si José Mas tiene culpa, los otros también", sostuvieron estos familiares, que admitieron que entre 1999 y 2003 se edificaron más viviendas ilegales, "pero es que hubo más demanda". "Nosotros y también todo el pueblo estamos convencidos de su inocencia", proclamaron. También recordaron que el ex aparejador municipal, Amador Signes, estuvo durante 20 años trabajando para el ayuntamiento y para gobiernos socialistas y populares. Este arquitecto técnico, de quien prescindió el PSPV cuando en 2003 recuperó la alcaldía, hizo, según fuentes del caso, proyectos privados de chalés que luego autorizó como aparejador municipal. a. p. f. llíber