La próxima visita que el cantante Julio Iglesias hará a Valencia es probable que sea al juzgado de instrucción número 19. La Audiencia Provincial ha resuelto levantar el archivo del caso IVEX y ordenar al juez Luis Carlos Presencia Rubio que reabra la causa que quiso enterrar en marzo y cite a declarar al artista por la presunta malversación de fondos, fraude fiscal y falsedad documental en la firma y ejecución del contrato «b» suscrito bajo mano por el Consell de Zaplana y el cantante para que éste diera seis recitales por el mundo. El artista deberá acudir a declarar en persona, dado que sólo los ministros o consellers, y en determinados delitos, pueden hacerlo por escrito o pedir que se les tome testimonio a domicilio.

La Generalitat ocultó un contrato «b», sacado a la luz por Levante-EMV, que elevaba de 375 millones de pesetas a 990 libres de impuestos los emolumentos del cantante. Posteriormente, este diario fue exhumando facturas por gastos de organización de los conciertos hinchadas o, caso de México, enteramente falsas, como declararon varios testigos en el juzgado y avaló la Agencia Tributaria al imponer una multa de 191.457 euros al IVEX por intentar desgravarse gastos por unos servicios que, según Hacienda, nunca fueron prestados por las firmas International Concerts, Midway Internacional y Gold Peak Trade Service.

En la resolución judicial, a instancias del recurso presentado por el PSPV —que presentó en su día la querella—, también se insta a que declaren los apoderados de esas empresas, entre ellos Philip C. Heinemann, de Midway —radicada en Irlanda— o el administrador de International Concerts (Islas Vírgenes Británicas) que, en el momento de los pagos, era Julio Iglesias. Los pagos en tela de juicio, que en el recital de México ascienden a 1,8 millones de dólares, iban a cuentas numeradas y secretas, una de ellas en una sucursal de UBS en Nassau (Bahamas). La Audiencia de Valencia también conmina a llamar a declarar al representante del artista, Luis Fernando Esteban; al ex conseller de Industria, Diego Such; el ex director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF); José Manuel Uncio, o al delegado del IVEX en Shangai, Ricardo Blázquez. Se atiende así el recurso presentado por el PSPV contra el archivo —la Fiscalía lo dio por bueno— y todas las citaciones que se pedían, si bien en el caso de Julio Iglesias, su representante y los administradores de las empresas serán llamados como testigos igual que el resto y no como imputados, como pedía la acusación.

Al reabrir el caso, se rebate el argumento de que la condición de prófugo del que era director del IVEX, José María Tabares, y la consiguiente imposibilidad de tomarle declaración impide avanzar en la investigación. Ese fue el pretexto usado por Presencia Rubio como percha de la que colgó su archivo. En los cinco años y dos meses en los que el instructor mantuvo abierta la causa, apenas citó a declarar a ocho personas. Sólo dos, Tabares y un directivo del Auditorio Nacional de México, por decisión del juez. El resto, porque pidieron ellos testificar o porque la Audiencia Provincial los impuso. Y así, a golpe de recurso, es como sigue vivo este caso.