Si la salud televisiva de Canal 9 es muy grave por lo que respecta a la audiencia -ha caído hasta sus mínimos históricos, con un 5,6% de cuota de pantalla media en el mes de mayo-, podría calificarse de crítica desde el punto de vista económico. Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y sus sociedades, Canal 9 y Ràdio 9, registraron un patrimonio neto negativo de 1.139 millones de euros, al cierre de 2009, según la Sindicatura de Comptes. Es la diferencia entre el activo y el pasivo de la sociedad pública. A esa cantidad habría que añadir otros 212 millones de euros de pérdidas registradas en ese ejercicio. En total, serían así pues 1.351 millones de euros los que debería aportar la Generalitat de su bolsillo, como accionista único, si hoy decidiera liquidar el grupo público RTVV.
Esa astronómica cantidad es el desfase resultante si se vendiera todo el patrimonio disponible, se cobraran todas las deudas y se pagará, a su vez, todo lo que la firma pública audiovisual adeuda a acreedores y proveedores.
La deuda acumulada por la corporación valenciana de medios de comunicación entre 1997 y 2010 asciende nada menos que a 1.241 millones de euros, una cantidad superior a los 200.000 millones de las antiguas pesetas. El déficit de explotación de la televisión valenciana es constante. En 2008, por ejemplo, ascendió a 245 millones de euros, debido a la escasez de ingresos publicitarios -entre otras razones por la corta audiencia-, así como a las más que insuficientes transferencias de capital de la Generalitat, comparadas con el gasto desorbitado.
La situación de quiebra de Canal 9 fue usada ayer como arma arrojadiza por el presidente del Congreso, José Bono, a cuenta de la polémica situación de las arcas de Castilla-La Manchaa. Bono admitió ayer que el Gobierno manchego puede tener "dificultades en los pagos" pero añadió que con los 1.122 millones de euros que debe, según el exmandatario castellano-manchego, la televisión pública valenciana, "se pagan todas las deudas" que el PP dice que hay en esta autonomía. La deuda acumulada por RTVV y sus sociedades asciende a los citados 1.240 millones de euros.
Bono aseguró, en declaraciones a Onda Cero, que no puede aceptar que se esté haciendo algo "ilícito o vergonzoso" en el traspaso de poderes al PP desde el Gobierno de Castilla-La Mancha que todavía preside José María Barreda. Al ser preguntado por las informaciones que indican que el Gobierno castellanomanchego está destruyendo documentos ante el traspaso de poder al PP, vencedor en las elecciones autonómicas del pasado 22 de mayo, indicó: "Puede haber un particular", pero "un grano no hace granero".
El presidente del Congreso defendió la honradez de José María Barreda -"no he conocido a nadie más honrado que Barreda", señaló- y apuntó que ayer habló con él sobre este asunto. "Me decía: ¿Pero Pepe, tú crees que yo voy a autorizar que se lleven papeles? Si no podemos ocultar que la situación es difícil a nivel económico, ni en España ni en Castilla-La Mancha. Si eso es algo... ¿Ocultarlo para hoy y que se vea mañana? No tiene sentido", manifestó. Recordó que la deuda de su comunidad "es el 0,8% de la deuda del Estado" y que mensualmente recibe "de participar en los tributos del Estado" 350 millones de euros, cuando la nómina de los funcionarios "cuesta 275". "No se puede decir que la deuda no permite pagar la nómina", comentó Bono, quien reprochó al PP "que base sus acusaciones en suposiciones" porque así pierden valor sus afirmaciones y se genera "alarma".
"Hay una situación financieramente complicada en Castilla-La Mancha y en España, sí. Es cierto, muy complicada, pero no se puede decir que no se puede pagar la nómina porque eso no tiene sentido", concluyó Bono.
El PSPV invita a Rajoy a empezar sus auditorías por la Generalitat
La secretaria de economía y empleo del PSPV, Cristina Moreno, ironizó ayer al mostrar su satisfacción ante "la propuesta de Rajoy de auditar las cuentas de las comunidades autónomas porque así los valencianos y valencianas podremos conocer el alcance real de la deuda de la Generalitat, los contratos que esconden en los cajones junto a miles de millones de impagos y los insostenibles niveles de deuda". Reclamó a Rajoy a que "si de verdad quiere hacer un ejercicio de transparencia que empiece por pedir una auditoría a la Generalitat".
La diputada criticó que "somos la autonomía que más paga por deuda, y en el primer trimestre nos gastamos 246 millones".
"Rajoy debería medir sus palabras porque es bastante ridículo pregonar la austeridad cuando los gobiernos del PP gastan cuatro veces más que los del PSOE, como puede comprobarse en la gestión de Camps", concluyó. La coordinadora de EU, Marga Sanz, culpó del "desastre de las arcas valencianas" a la política del "despilfarro" del PP. "Exigimos que el saneamiento no venga del deterioro de servicios públicos ni del recorte de salarios a los trabajadores, sino de una verdadera política de austeridad", zanjó.
