El Ministerio de Industria ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo para anular la cláusula que le obliga a indemnizar a la concesionaria del proyecto Castor incluso en caso de que se suspendiera la concesión por «dolo o negligencia» de la compañía Escal UGS, cuyo proyecto ha sido cuestionado por su posible vínculo con cerca de 500 terremotos inducidos en Vinaròs. El coste neto del almacén superaría los 1.700 millones de euros, pero el Gobierno tendría que pagar hasta el año 2038 alrededor de 3.700 millones de euros.

Esta fue una de las novedades que expuso ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, durante una comparecencia en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados.

Soria insistió en que el Gobierno no decidirá si cierra la planta o apuesta por su reapertura hasta disponer de los informes definitivos del Instituto Geológico y Minero y el Instituto Geográfico Nacional sobre las causas de los seísmos, aunque reiteró que sí parece detectarse una relación causa-efecto con las inyecciones de gas a 1.750 metros bajo el subsuelo marino.

A este respecto, el máximo responsable de Industria concluyó que la planta sólo se autorizará «si hay garantías plenas de que no hay ningún riesgo para la seguridad» y de que no se producirán más seísmos por encima de los niveles «aceptables e imperceptibles para la población», una frontera que situó en los microseísmos inferiores a 3 grados en la escala de Richter.

En caso de cumplirse este compromiso del ministro, el almacén de gas subterráneo sólo se reabriría si los científicos aseguraran en sus informes que la inyección de gas no provocará más terremotos de cierta intensidad, lo cual para un sector de los geólogos es un riesgo que no pueden asumir.

Pese a ello, Soria dejó claro que el Gobierno ya ha iniciado acciones judiciales para evitar una indemnización millonaria en caso de que se optara por el cierre y se concluyera que la empresa incurrió en «dolo o negligencia». Según argumentó el ministro, el artículo 14 del Real Decreto que concedió el proyecto a Escal UGS es «abusivo y lesivo» para el interés nacional. Eso sí, matizó que no se aventurará a atribuir posibles responsabilidades o negligencias, si las hubiera, ya que «es algo que vamos a dejar que digan los tribunales». El artículo impugado por el Gobierno expone lo siguiente: «En caso de caducidad o extinción de la concesión, las instalaciones revertirán al Estado.

En tal caso, y para asegurar la recuperación de la inversión realizada por los titulares, en coherencia con lo establecido en el artículo 92.1.a) de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburo se compensará a la empresa concesionaria por el valor neto contable de las instalaciones afectas al almacenamiento subterráneo siempre que estas continúen operativas. Lo anterior no será de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria, en cuyo caso la compensación se limitará al valor residual de las instalaciones, sin perjuicio de otras responsabilidades de la empresa concesionaria».

Viabilidad económica en el aire

El ministro de Industria anunció ayer por primera vez que el Gobierno está revisando la rentabilidad económica del proyecto dada la situación de exceso de gas en el mercado extranjero, la bajada del consumo y la infrautilización de otras instalaciones. «En este momento, con el exceso de gas en el mercado extranjero, y la crisis y bajada del consumo, hay que volver que analizar la rentabilidad económica del proyecto, dada la infrautilización de otras instalaciones como las regasificadoras». Según argumentó Soria, las previsiones anteriores a la crisis económica apuntaban a un crecimiento del 25% en la demanda de gas y de electricidad, a pesar de lo cual la realidad ha demostrado que la tendencia no sólo no refleja un aumento del consumo, sino que evoluciona a la baja.

De forma paralela, el ministro también confirmó que el Estado está elaborando una auditoría para esclarecer el incremento del coste previsto inicialmente en el proyecto. «Hemos encargado una auditoría externa de coste, porque esta infraestructura se inició con un coste mucho menor».