El Ministerio de Industria aseguró ayer que no aceptará la petición de cierre del proyecto Castor aprobada por todos los partidos políticos en las Corts y que esperará a los informes del Instituto Geológico y Minero de España para tomar una decisión. Eso sí, asegura que sólo cerrará la planta en caso de que no se pueda garantizar la seguridad.
De igual modo, el Gobierno también prefiere no adoptar ninguna medida hasta conocer si el informe especifica las causas por las que la inyección de gas generó la supuesta inducción de 500 seísmos en la zona (con magnitudes de hasta 4,2 en la Escala de Richter) y si hubo algún tipo de responsabilidad. Esta circunstancia resulta clave para el ministerio, que ha entablado una batalla legal con la empresa Escal para no tener que pagarle la indemnización por cierre de unos 1.700 millones de euros.
