Antifraude insta a Sedaví a no dar licencias de obra industrial hasta adaptar su PGOU

Una investigación de la Agencia concluye que el consistorio benefició a algunas mercantiles «en detrimento de otras» a la hora de conceder los permisos

El consistorio acata la resolución pero subraya que es «un tema de hace veinte años»

Polígono industrial de Sedaví.

Polígono industrial de Sedaví. / A.S.

Abraham Pérez

Abraham Pérez

El Ayuntamiento de Sedaví no podrá conceder más licencias de obra para ampliar las naves industriales en su polígono hasta que no modifique el uso del suelo en su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Así lo ha recomendado la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) tras detectar que se ha vulnerado la normativa urbanística, concretamente en la Unidad de Ejecución número 2 del PGOU de 2011.

Esta es una de las sugerencias que hace la entidad al consistorio de l’Horta Sud tras iniciar un expediente en el que se acusaba al ayuntamiento de conceder una licencia de segregación de una parcela, y de la nave existente en ella, pese a estar ubicada en una zona calificada de uso dominante Terciario Manzana Densa (TMD), incumpliendo así la normativa urbanística.

Se benefició a unas mercantiles frente a otras

En dicho documento se acusaba también a la administración municipal de haber estado permitiendo «durante años» la ejecución de obras y la instalación y/o ampliación de actividades en diferentes naves del polígono a determinados propietarios o mercantiles «en detrimento de otros propietarios de parcelas a quienes se les denegaba las licencias de obra y de actividad por considerar que su concesión iba a obstaculizar el desarrollo». A este respecto, destacan la concesión de una licencia a una mercantil dedicada a la elaboración, preparación y almacenamiento de comida, algo que vulnera la normativa al no tener el suelo la calificación necesaria para poder ejercer dicha actividad.

Tras recibir estas denuncias anónimas, la Agencia inició un expediente de investigación para detectar si el ayuntamiento había incurrido en posibles conductas de fraude o corrupción mediante la concesión de determinadas licencias, por lo que solicitó al ejecutivo local toda la documentación relacionada con todos estos expedientes. Durante la investigación, y una vez analizada toda la información requerida, la Agencia daba por acreditado que el Ayuntamiento de Sedaví ha autorizado obras «que exceden de las consideradas de restauración, conservación, acondicionamiento o reestructuración puntual», y que además, ha concedido licencias y/o declaraciones responsables «para usos distintos a los que fue construida la edificación».

Detecta un conflicto de intereses

Asimismo, Antifraude advierte de una situación de conflicto de intereses por parte del entonces ingeniero de caminos municipal al observar que este era el propietario único de la parcela segregada de manera ilegal, según indica la normativa municipal. Una situación «relevante» al constar además «que estuvo presente en muchas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Sedaví en las que fueron adoptados los acuerdos que concedieron las licencias de obra y actividad a las mercantiles».

La Agencia resalta que un técnico municipal era el propietario de una parcela segregada de manera ilegal

Así, en la resolución final, la Agencia insta al consistorio a «iniciar los trámites necesarios para garantizar la transformación del suelo de acuerdo con su clasificación urbanística». Asimismo, aconsejan que «no conceda nuevas licencias de obras sobre las edificaciones» ni tampoco «licencias de actividad o ampliación de las existentes salvo en los supuestos expresos». Además, pide al ayuntamiento que elabore un Código Ético en el que se indiquen las incompatibilidades del personal para evitar conflictos de intereses y da un plazo de tres meses al consistorio para que informe al director de la agencia de los procedimientos que se acuerden para seguir estas recomendaciones.

Sedaví aceptará las sugerencias

Por su parte el alcalde de Sedaví, José Francisco Cabanes (PSPV), asegura que «vamos a tener en cuenta estas recomendaciones y seguiremos adelante con ellas», aunque subraya que se trata de un tema «que arrastra desde hace 20 años». Asimismo, incide en que desde su equipo de gobierno «hemos colaborado en todo momento enviando toda la documentación que nos ha sido requerida».

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