El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha exigido hoy a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, que negocie con los dueños de chiringuitos la aplicación de la Ley de Costas, y que "no se les sancione mientras se negocia" este asunto.
El dirigente popular ha realizado esta reclamación tras una reunión mantenida con una quincena de hosteleros y empresarios de la provincia de Valencia por la aplicación de la Ley de Costas que obliga a cerrar las terrazas en playas como las de Pinedo y El Saler en Valencia.
El dirigente popular se ha desplazado a un restaurante de esa playa junto a diputados nacionales por esta provincia, la concejal de Playas, Lourdes Bernal, y el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados, Carlos Floriano.
Junto a ellos, Pons ha exigido a De la Vega que "no nos haga sentir vergüenza" y que "defienda los intereses de los valencianos que le han dado sus votos", porque con estas actuaciones "va a destruir empleos", y ha pedido que impida que Valencia sea "el tubo de ensayo" de la destrucción de terrazas de la costa española.
Por su parte, Floriano ha calificado la denuncia del PP junto a los hosteleros como "un golpe y grito de atención para poner freno" al cierre de las terrazas, sobre el que "no se ha dado ninguna razón y que responde solo al capricho y arbitrariedad del Gobierno central".
Ha expresado su rechazo a "una confusa o malintencionada interpretación" de la normativa sobre costas "que ninguno de los ex presidentes del Gobierno Felipe González y José María Aznar realizaron durante sus legislaturas".
Además, ha manifestado que espera que este tipo de actuaciones en la playa de Pinedo "no tengan relación con las prospecciones petrolíferas mar adentro" frente a la Albufera, como consecuencia de las solicitudes de investigación de hidrocarburos presentadas por una empresa privada.
Pons ha insistido en esta tesis y ha remarcado que el PP se "opone" a los sondeos petrolíferos, ya que "no hace falta ni saber si hay petróleo" en la zona, a lo que ha añadido que su partido prefiere "playa, bosque de El Saler y Albufera".
Los hosteleros, por su parte, han pedido, junto a los letrados Juan Luis Navarro y Javier Campomanes, "explicaciones" y han augurado que el cierre de las terrazas significará la "ruina económica con una pérdida el 70 por ciento del negocio".
Una de las afectadas, Ángeles Maroto, propietaria de un restaurante en El Saler, ha denunciado el "agravio" de la aplicación de la Ley de Costas porque el tamaño de sus negocios se reducirán al 80 o 90 metros cuadrados, por lo que "más de la mitad del personal sobrará".
Los hosteleros se han reunido más tarde a unas cien personas en apoyo a su causa en un acto para comer paella en las terrazas de tres restaurantes en esa playa al que ha asistido la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.
Barberá ha expresado el "apoyo absoluto y total" a la acción reivindicativa frente a lo que ha calificado como una "actitud totalitaria y arbitraria" y "falta de respeto a tradiciones y a la realidad" del Gobierno central.
Además, ha asegurado que la posición del Gobierno en este asunto "está poniendo en riesgo muchos puesto de trabajo", y ha añadido que los socialistas "no quieren" que se disfrute de la playa.
El conseller de Gobernación del Ejecutivo valenciano, Serafín Castellano, ha anunciado hoy que ha solicitado una reunión de la comisión mixta de transferencias con el fin de reclamar el traspaso de las competencias sobre los locales públicos en la zona marítimo-terrestre conocidos como chiringuitos de playa.
Castellano ha manifestado en los pasillos de Les Corts que, además de esa petición de traspaso de competencias, la Generalitat aboga por una moratoria en el cierre o derribo de los llamados chiringuitos hasta que haya un solución pactada, y por una reunión urgente con el Ministerio de Medio Ambiente para trata este asunto.
El conseller ha defendido la importancia de que las competencias sobre estos locales estén en manos de la Generalitat, para solucionar así "uno de los problemas que puede acabar" con uno de los pilares sobre los que se basa el sector turístico y que tiene una "gran importancia" económica y en el empleo.
Esa transferencia, ha explicado, permitiría a la Generalitat ordenar el funcionamiento de esos locales públicos, como ordena el resto de locales que no están en zona marítimo terrestre.
Castellano ha reivindicado además la necesidad de una moratoria para que no se siga con los derribos de los chiringuitos que hay actualmente, hasta que se encuentre una solución "absolutamente pactada y negociada".
Asimismo, ha recordado que tanto la Conselleria de Turismo como él mismo pidieron una reunión formal con el ministerio para poder tratar esta cuestión de manera "inmediata y urgente".
Ha recordado que, en el ámbito de las competencias autonómicas, en la ley de Acompañamiento a los Presupuestos ya aprobaron que la ley de Espectáculos tuviera un anexo en el que se tipifican específicamente estos locales en zona marítimo terrestre, para darles la "consistencia jurídica" de locales públicos regulados por la Generalitat.
Castellano ha asegurado que van a seguir apoyando al sector hostelero en una reivindicación que les parece "justa y adecuada" para seguir potenciando al sector turístico y una parte de la economía importante en la Comunitat, y se ha reivindicado que quieren una "implicación de responsabilidad" en ayuda del sector.
