La situación de los menores tutelados por la Generalitat Valenciana al cumplir la mayoría de edad ha llegado a la Fiscalía General del Estado. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha trasladado al ministerio público la situación de desamparo en la que se encuentran . Así consta en el escrito, con fecha 6 de noviembre, en el que el Defensor responde a las quejas presentadas por la organización CIEs NO.
En concreto, en el texto, donde informa de la admisión a trámite de una de las 10 quejas presentadas, Fernández Marugán analiza el fondo del problema y recuerda una nota interna de la Fiscalía de 2019 en la que se promovía la obligación de supervisar el cumplimiento por las entidades públicas de su deber de instar ante la autoridad la documentación de los menores extranjeros no acompañados.
Incumplimiento de la Fiscalía
Por este motivo, el Defensor decide poner en conocimiento de la Fiscalía General la situación en la Comunitat Valenciana. De esta manera, apunta la Campaña por el Cierre de los CIEs, Fernández Marugán «no solo da traslado de las irregularidades cometidas con estos jóvenes, sino que también pone de manifiesto el incumplimiento de la propia Fiscalía de su obligación de supervisar el funcionamiento de la Conselleria de Igualdad, competente en la protección de menores».
El acompañamiento a estos jóvenes por parte de la Campaña CIEs No comenzó a principios de este año al detectar en el periodo de pocas semanas la presencia de hasta siete menores de edad privados de libertad en el centro de Zapadores. Cinco de ellos consiguieron demostrar su minoría de edad, mientras que los otros dos no fueron reconocidos porque su documentación no fue aceptada por el juzgado, aunque finalmente fueron puestos en libertad.
Los cinco chicos fueron trasladados a diferentes centros de protección en la Comunitat Valenciana, gestionados por la conselleria.
Pasados pocos meses y cuando todavía seguía vigente el estado de alarma, uno de los jóvenes volvió a contactar con la Campaña CIEs NO para comunicar que había alcanzado los 18 años y había tenido que abandonar el centro en el que se encontraba sin que se le hubiera tramitado el permiso de residencia ni se le hubiera solicitado un recurso habitacional: estaba en situación de calle y de irregularidad administrativa.
El joven aseguró conocer a varios jóvenes que habían quedado en situación de calle al cumplir la mayoría de edad. No se les había realizado la solicitud para participar en la Red de Emancipación para Jóvenes Ex Tutelados de la Comunitat Valenciana o esta les había sido tramitada, pero habían quedado en lista de espera por la ausencia de plazas disponibles.
Además, a la mayoría de los chicos no se les había tramitado la autorización de residencia. Por tanto, después de haber llegado a España siendo menores de edad y estar un tiempo tutelados por el sistema de protección de menores, «quedaban en situación de irregularidad administrativa», advierten desde la plataforma CIEs NO.
La campaña ha podido contactar con 12 de ellos que han denunciado su situación ante el Defensor del Pueblo. Diez de ellos habían sido tutelados por la Comunitat Valenciana y otros dos habían llegado a València después de haber estado bajo la tutela en otra comunidad autónoma.
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite las quejas y ha iniciado ya actuaciones con la Conselleria de Igualdad, con la Fiscalía General del Estado y con la Fiscalía de Menores de València.
El Consell pide cambiar la legislación «cuanto antes»
La directora general de Infancia de la Generalitat, Rosa Molero, pidió ayer que se modifiquen «cuanto antes» los artículos del reglamento de la Ley de Extranjería que les impiden dar una respuesta rápida y de calidad a los menores tutelados sin permiso de residencia cuando alcanzan la mayoría de edad. Molero respondió así a la decisión del Defensor del Pueblo de informar a la Fiscalía General sobre la situación de desamparo que sufren muchos menores tutelados.
