Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desembarcaron ayer, de nuevo, en las oficinas de Urbanismo del Ayuntamiento de València para intervenir documentación y expedientes de adjudicación en relación con la investigación por presunta corrupción urbanística que siguen la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de Instrucción número 13 de València en el llamado caso Azud II, que mantiene en prisión al ex vicealcalde de la ciudad y mano derecha de la entonces alcaldesa Rita Barberá, el popular Alfonso Grau, y al ex subdelegado del Gobierno en la C. Valenciana y ex concejal del Ayuntamiento de València, el socialista Rafael Rubio.
Los agentes, acompañados del letrado de la Administración de Justicia (LAJ), entraron en las oficinas del servicio de Planeamiento del ayuntamiento, ubicadas en el antiguo edificio de Tabacalera, sobre las once y media de la mañana. La comisión, cuya presencia sorprendió a los trabajadores del servicio, se dirigió a los despachos de jefatura para exigir el cumplimiento de la orden de la jueza.
Así, expedientes y contratos concretos de adjudicación de viviendas y parcelas al presunto cabecilla de la trama, el promotor Jaime Febrer, también en prisión provisional junto con Grau y Rubio desde el pasado 15 de mayo.
Los especialistas del grupo de Delitos contra la Administración de la UCO, desplazados expresamente desde Madrid, buscaban adjudicaciones concedidas entre los años 2005 y 2008 para completar determinadas comprobaciones sobre algunas de las operaciones urbanísticas que investigan desde hace dos años en esta ramificación de la causa general bautizada como Azud que tenía el foco puesto sobre el cuñado de Barberá, el abogado José María Corbín, eje a partir del cual afloró en racimo el resto de la trama que dio lugar a la apertura de la pieza ahora conocida como Azud II. Según esas fuentes, los agentes habrían solicitado también dar cumplimiento a distintas solicitudes de información que la jueza habría requerido en las últimas semanas y a las que no se habría atendido de manera adecuada.
Falta de diligencia
De hecho, la actuación que se llevó a cabo hoy derivaría precisamente, según las fuentes consultadas, de esa supuesta falta de diligencia por parte de varios departamentos de Urbanismo a la hora de colaborar con el juzgado en facilitar la información y cumplimentar en todos sus términos la demanda de datos concretos sobre las operaciones urbanísticas.
De momento, ya han desfilado por el juzgado en calidad de investigados en Azud II una cuarentena de funcionarios de los departamentos que registró ayer la UCO por su presunta vinculación con la trama de corrupción urbanística investigada, que consistía en el supuesto pago, por parte Febrer y otros empresarios, de mordidas, tanto en metálico como en forma de regalos, a políticos y a funcionarios destinados en puestos clave al menos entre 2005 y 2013 para obtener a cambio adjudicaciones de parcelas y proyectos de promoción de vivienda pública en términos ventajosos.
Una alta funcionaria
La inmensa mayoría de los funcionarios investigados, incluida una alta funcionaria también imputada en Azud II que adquirió importantes responsabilidades en Patrimonio en los años del PP, continúan desempeñando su trabajo en las mismas áreas en la actualidad, dado que tienen la plaza en propiedad y, por lo tanto, su permanencia en ese puesto de trabajo no está sujeta a los cambios de Gobierno en el consistorio.
Tal como ha venido informando Levante-EMV, la Operación Azud II se desarrolló el pasado 13 de mayo en València, Alicante, Madrid, Baleares y Ciudad Real y se saldó con 14 detenidos y más de 20 investigados, que posteriormente han ido en aumento. Los principales arrestados fueron Grau, Rubio y Febrer, así como el asesor alicantino Joaquín P. R., presunto responsable tanto del lavado como de la ingeniería financiera para obtener el dinero de los sobornos, y los dos empresarios inmobiliarios Mónica M. y Federico F., miembros de dos de las principales familias constructoras de la ciudad de València.
En un primer momento ingresaron en prisión Febrer, Grau, Rubio, el ingeniero financiero y la empresaria Mónica M. Sin embargo, estos dos últimos han obtenido recientemente la libertad provisional, una vez que la jueza y el fiscal consideraron que ya no podían alterar o destruir las pruebas que les apuntan en este proceso y comprobaron que ya no había riesgo de fuga.
Los delitos que se les atribuyen a los detenidos en la causa judicial Azud II son, por ahora, los de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.
