La Ley de Vivienda es estatal, pero dará herramientas a las comunidades autónomas que, como la Generalitat Valenciana, están deseosas de ejecutar. La nueva norma aprobada este martes por el Consejo de Ministros habilitará al Consell a señalar qué zonas se encuentran "tensionadas" para, posteriormente, poder intervenir el precio del alquiler y fijar, si se desea, un máximo. Eso sí, esta declaración no podrá ser arbitraria sino que se tendrá que basar en unos índices establecidos previamente por el propio Gobierno de España.
El texto legislativo señala que serán las "administraciones competentes en materia de vivienda", que en el artículo 148 de la Constitución se precisa que son las comunidades autónomas, las que podrán declarar "zonas de mercado residencial tensionado a efectos de orientar las actuaciones públicas en aquellos ámbitos en los que exista un especial riesgo de oferta insuficiente de vivienda para la población". Entre estas políticas estará la posibilidad de limitar el precio de los alquileres.
Para ello, no obstante, primero se ha de pedir la declaración de la zona tensionada. Esto lo podrá hacer el Consell siempre que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, que el coste de la vivienda (tanto hipoteca o alquiler) más los gastos y suministros básicos sea superior al 30 % de la renta media de los hogares de la zona, y en segundo lugar, que el precio de esta haya experimentado en los cinco años previos un crecimiento de cinco puntos superior al porcentaje de crecimiento del IPC autonómico. Su vigencia será de tres años.
La nueva legislación habilita una protección permanente frente a los desahucios sin garantía habitacional
No es el único criterio necesario para que el ejecutivo valenciano pueda intervenir. También será necesario que haya un índice con el que medir los precios y los vaivenes en los alquileres para así poder limitarlos. Ese índice con el que sirva de medición y estudie la evolución todavía no existe, aunque el anteproyecto prevé un plazo de 18 meses desde la aprobación de la ley.
En el "esperemos que en un periodo breve de tiempo" que se desea en la Vicepresidencia Segunda del Consell, que ostenta las competencias de vivienda, esto podría prolongarse hasta 2023 ya que en el calendario legislativo presentado por el Gobierno a Bruselas no preveía que la ley llegase al Congreso hasta la segunda mitad de este 2022. Ahí, dependerá de los socios parlamentarios para, una vez con el visto bueno, se comience con el desarrollo del citado índice.
Illueca asegura que la Generalitat está lista «para intervenir los precios en cuanto haya habilitación»
La norma, que acabará recayendo en las comunidades, ha generado opiniones dispares. Mientras que los gobiernos autonómicos del PP ya han anunciado su rechazo a desarrollarla en sus territorios, el ejecutivo valenciano traslada entusiasmo e intención de ponerla en marcha cuanto antes. "Estamos preparados", dice en este sentido el vicepresidente del ejecutivo valenciano y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, quien muestra su satisfacción porque vea la luz "la primera ley de vivienda de la democracia". "Se acabó el tiempo de la desregulación", señala.
Illueca insiste en que la Generalitat ya ha adelantado trabajo con diagnóstico a partir del catálogo de Áreas de Necesidad de Vivienda (ANHA) del Observatorio del Hábitat y la Segregación Urbana en la que 83 municipios se encuentran en lo que califican como "ANHA alta", es decir, con problemas en el acceso a la vivienda. "La Generalitat intervendrá en cuanto exista la habilitación", desgrana el vicepresidente.
Solo para grandes tenedores
Esta limitación de los precios solo se podrá hacer de manera directa sobre las personas jurídicas (empresas, fondos de inversión o entidades bancarias) que sean grandes tenedoras, es decir, con más de 10 propiedades. Para esto, también la Generalitat ha dado pasos adelante con la creación del catálogo de viviendas vacías y deshabitadas.
Pero su desarrollo en torno al alquiler no es la única medida para Illueca tiene "sello valenciano" en la nueva ley. El conseller destaca que la nueva norma ofrece "protección permanente frente a los desahucios sin garantía habitacional" y que haya intervención preceptiva de los servicios sociales antes de que se ejecute el desalojo. "No podemos repetir la historia ven las que miles de familias se quedaban sin casa en medio de una crisis como ocurrió en la anterior, esta ley supone avanzar en derechos y que los fondos buitres no campen a sus anchas", sentencia el vicepresidente.
