La Conselleria de Justicia continúa deshojando la margarita que supone cómo aplicar la Ley 20/2021 del Estado. Esta se promulgó a finales del año pasado con el objetivo de reducir la temporalidad del personal laboral de la administración, los llamados interinos, y sobre la que actualmente trabaja la conselleria para lograr su adaptación a la función pública autonómica con la que estabilizar a los empleados públicos valencianos que no tengan su plaza fija y que hoy son el 50 % de la plantilla.
En este sentido, hay un número que destaca por encima de todos y sobre el que se asienta la respuesta: 3.009. Es la cifra que maneja la Conselleria de Justicia para hacer realidad el objetivo de la ley: una tasa de temporalidad del 8 %. Según el plan elaborado por la Dirección General de Función Pública, y que este jueves trasladó a los sindicatos que integran la comisión, el departamento que dirige Gabriela Bravo convocará una Oferta de Empleo Público extraordinaria de 3.009 plazas antes del 1 de junio.
En concreto, la hoja de la ruta de la conselleria para estas 3.009 nuevas plazas de la OPE extraordinaria pasa porque la mayoría de ellas, 2.436, se estabilicen a través de concurso, plazas que irían destinadas, según se establece en la legislación estatal, para el personal interino que lleve en su puesto de trabajo en la administración desde antes de 2016. Por su parte, las 573 restantes serán adjudicadas por concurso-oposición en la que todavía se han de decidir las condiciones y requisitos.
Cuándo saldrá la Oferta de Empleo Público (OPE)
La OPE extraordinaria estará aprobada antes del próximo 1 de junio, plazo para el que deberá estar firmado el pacto con los sindicatos en el que se incluirán los porcentajes de valoración de méritos como la formación y la experiencia. Por su parte, las convocatorias de los distintos procesos selectivos se publicarán, como máximo, antes del 31 de diciembre de este mismo año. Así, todos los procesos de selección deben estar finalizados el 31 de diciembre del año 2024.
"Esta convocatoria extraordinaria supone un gran reto de organización por parte de la Administración valenciana", expresa al respecto la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, quien asegura que con esta se "apuesta por la estabilización del empleo público". Así, asegura que esta se va a hacer "desde el diálogo con los agentes sociales", esto es, con los sindicatos con los que actualmente está en plenas negociaciones.
Actualmente el 50 % de los más de 19.000 empleados de la administración valenciana son temporales
De hecho, Bravo remarca que gracias a estas 3.000 plazas que se convocarán a partir del 1 de junio y a las casi 5.500 que ya están en marcha de los procesos abiertos de 2017, 2018 y 2019, "conseguiremos cumplir antes de que acabe la legislatura el objetivo de reducir la temporalidad en la Administración valenciana del actual 50 % al 8 %" . De esta forma, y siempre según las previsiones del departamento autonómico, entre ambos procesos se estabilizarán 8.499 puestos y se cumplirá el objetivo marcado por la ley estatal de reducir hasta el 8 % la tasa de interinidad de la Función Publica como marca la ley.
Ahora mismo, la Función Pública valenciana cuenta con 9.667 interinos, de los cuales 8.310 están en puestos estructurales y, de ellos, 6.503 no tienen titular. Esto significa que son más de la mitad de los 19.072 puestos de trabajo que componen la plantilla de la administración general valenciana, entre funcionarios de carrera, interinos y personal laboral.
A principios de mes, conselleria y sindicatos (UGT, CC OO y CSIF) comenzaron la negociación para ver cómo aterrizar la norma estatal firmada a final del año pasado a la realidad de las administraciones autonómicas. Es la gran negociación que tiene por delante la conselleria en materia de Función Pública y que tiene como punto máximo el 1 de junio, cuando la norma del Estado marca como fecha límite.
Entre los puntos que se han de acordar todavía, una vez conocido el número de plazas susceptibles y las medidas encaminadas en la ley del ministerio en la que señala que aquellos que lleven desde antes de 2016 solo tendrán que superar un concurso para estabilizar su situación, está qué puntuación mínima fijar para las pruebas de la oposición, qué peso darle al examen o cómo valorar la experiencia y la formación en el apartado de méritos.
