En el último punto del día del pleno que cerró este jueves el período de sesiones en las Corts, la tasa turística inició el camino legislativo para convertirse en ley. Lo hizo con las dos posiciones ya conocidas, una favorable, la del tripartito de izquierdas (aunque con las dudas que ha mostrado el PSPV hasta el último momento) y la del rechazo taxativo de toda la derecha, PP, Ciudadanos y Vox.
Seis años han pasado desde que Podemos propuso en la primera legislatura del Botànic la implantación de un impuesto a las pernoctaciones turísticas en la Comunitat Valenciana. Una iniciativa, la de 2016, que poco tiene que ver con la que finalmente se va a aprobar, que es mucho más conservadora. Aquella inicial abogaba por un impuesto autonómico de carácter obligatorio, que se ha diluido entre tiras y afloja que han durado años y que han evidenciado posiciones encontradas en el propio tripartito.
El impuesto no entrará en vigor aunque se apruebe la ley en esta legislatura porque recoge una moratoria de un año en su aplicación y, además, deja a la decisión individual de cada ayuntamientos si se cobra o no el tributo. Solo el Ayuntamiento de València ha mostrado predisposición para implantar la tasa.
El debate se ha repetido en numerosas ocasiones, siempre con el mismo resultado. La izquierda defiende que la tasa se aplica sin problemas en media Europa y en la mayor parte de las capitales turísticas europeas mientras la derecha lo considera un castigo al sector en tiempos de altísima incertidumbre económica.
Estos días se ha producido una novedad en este debate. El Ayuntamiento de Málaga, gobernado por el PP, ha pedido a la Junta de Andalucía que active una tasa turística del estilo de la que plantea la izquierda valenciana.
Alcaldes de municipios turísticos
El PP ha movilizado a los alcaldes de los municipios turísticos donde gobierna. La sesión vespertina la siguieron desde la tribuna los de Benidorm, Peñíscola y Xeraco que critican la aprobación de este impuesto. En el debate, los populares defendieron la nula viabilidad del impuesto y recordaron que la mitad de las pernoctaciones turísticas se producen en Benidorm, ciudad que rechazará el tributo. «Es un castigo», resume el diputado del PP, Manuel Pérez Fenoll que ha criticado la ausencia del jefe del Consell, Ximo Puig, en la votación. La bancada del PP ha coreado el nombre del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien ha rechazado abiertamente la creación del tributo. «Es un sabio del turismo», asegura Pérez Fenoll. Las críticas las comparten Cs y Vox.
«Ustedes alardean de libertad pero rechazan todas las leyes en las que se puede elegir, como la de aplicar o no la tasa, una tasa que ha implantado hasta la ultraderecha en el norte de Italia o en Hungría», señala el diputado de Unides Podem, Ferran Martínez. «Sus argumentos son anticuados, hay muchos informes que sostienen que la tasa turística genera más visitantes», añade la diputada socialista, Trini Castelló. «La propuesta es razonable, flexible y respetuosa con la autonomía de los municipios», apunta Castelló.
La síndica de Compromís, Papi Robles, ahonda en los argumentos favorables a la implantación de la tasa: «Es de sentido común que los turistas contribuyan al gasto que se produce en las ciudades por la presión del turismo y cuando la derecha habla de que el sector está en contra es porque se acuerda solo de la patronal, pero en cambio se olvida de los vecinos, de los trabajadores y de la mayoría de alcaldes.
Los votos del Botànic han permitido este jueves su admisión a trámite.
