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El Botànic y el PP exhiben sus diferencias sobre la reforma fiscal

Puig defiende que la reforma del Consell será "progresiva" y beneficiará a las "clases medias" y Mazón dice que llega "tarde y mal"

Mazón, Puig y Mollà coinciden en el acto del primer corte del racimo de uva en Novelda. Alex Dominguez

Reforma fiscal: dos palabras, múltiples interpretaciones. El anuncio de Ximo Puig de que la Generalitat trabaja en una remodelación impositiva ha sacudido el debate político en la Comunitat Valenciana. Como si se tratara del test de Rorschach, donde las manchas se convierten en imágenes a descifrar, todos proyectan en las palabras del jefe del Consell lo que quieren ver, entre deseos y temores, y mientras la derecha cree encontrar sus propuestas copiadas, en la izquierda insisten en que la medida beneficie a las clases populares, alejándose del modelo de los de Mazón.

Pocos números cargan con tanto significado ideológico como los que determinan los impuestos. De ahí de que cualquier cambio (o estudio de cambio) conlleve un cruce de acusaciones sobre quién hace pagar más y a quién. "Vamos a garantizar que sea una reforma fiscal progresiva y que avance sobre todo las clases medias que en estos momentos están sufriendo la crisis", explicó ayer Puig, quien insistió en que la medida repercutirá "en los más vulnerables".

"Llega tarde y mal", le replicó el líder de los 'populares' valencianos quien asegura que si se quiere bajar impuestos "puede hacerlo mañana mismo" con su modelo. De hecho, el PP anunció ayer, a través de la síndica del partido, María José Catalá, que va a registrar en las Corts la propuesta fiscal desgranada por el partido hace diez meses en ese mismo escenario y que fue rechazada por el Botànic. Sin embargo, difícil prosperar tendrá de nuevo el mismo texto por lo expuesto por las síndicas de los partidos que dan apoyo al Consell y por el propio Puig.

"No va a ser regresiva como la que se plantea por parte de la oposición", expresó ayer el 'president' de la Generalitat en el acto del corte del primer racimo de Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó en el que coincidió con Mazón. Puig centró la futura reforma en los "mismos parámetros" y "ampliados" de lo que fue "la primera reforma fiscal que hizo este gobierno" en 2017. A ella se refirieron tanto la portavoz de Compromís, Papi Robles, como la del PSPV, Ana Barceló, como "referencia" que sirvió para "bajar los impuestos a 1,5 millones de valencianos".

La síndica socialista confrontó ese reajuste con las "dos subidas de impuestos" de los gobiernos del PP "en los que estaba Catalá". "La credibilidad del PP está enmarcada en el populismo", señaló al tiempo que indicó que con la propuesta 'popular' "un mileurista se ahorraría 21 euros, mientras que una persona que cobra como Mazón, 1.225 euros". Al choque de números entró Catalá que indicó que con el Botànic "los valencianos pagan un 40 % más de impuestos", una cifra que extrajo del aumento de la recaudación desde 2015, no de los tipos impositivos.

Más dudas presentaron en Unides Podem. Su síndica Pilar Lima reconoció que les falta "información" y mostraron "prudencia" ante la propuesta. Eso sí, dejó claro que la coalición de izquierdas no va a "permitir un giro a la derecha en sistema impositivo", una declaración que despeja la "alegría" mostrada previamente por Ruth Merino, síndica de Cs, de que Puig se acercara "a los postulados liberales de bajar impuestos". "En temas fiscales, la propuesta del PP es un modelo a evitar", sentenció por su parte Estefanía Blanes de Esquerra Unida.

La revisión fiscal ha agitado un debate político ya de por sí marcado por la economía con la inflación como gran preocupación. Con el miedo a un otoño turbulento en el horizonte, las Corts ya preparan el camino para la aprobación de los presupuestos. El 22 de diciembre está previsto que las cuentas reciban el visto bueno definitivo del hemiciclo. Estas aterrizarán en el parlamento la primera semana de noviembre mientras que abrirá el periodo de sesiones el próximo 27 de septiembre el Debate de Política General. Tras él, cuatro plenos hasta diciembre permitirán "acelerar" la tarea legislativa pendiente.

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