El president Ximo Puig ha confirmado en el Debate de Política General lo que era un secreto a voces: la Generalitat no bonificará el Impuesto de Patrimonio, que en la Comunitat Valenciana abonan unas 27.000 personas, el 0,48 % de la población. El Botànic opta así por una vía opuesta a la que viene defendiendo el PP de Alberto Núñez Feijóo en todo el Estado y que asumen por completo los populares valencianos, al plantear una modificación tributaria centrada en las rentas medias y bajas.
Este impuesto, que recae sobre la titularidad de bienes y derechos, están obligados a presentarlo (artículo 37 de la Ley 19/1991) los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras de la tasa (más estricta en la C. Valenciana, que ha rebajado el mínimo exento a los 500.000 euros y ha elevado el último tramo hasta los 3,5 puntos de presión fiscal) y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinado de acuerdo con las normas reguladoras del impuesto, resulte superior a 2 millones de euros.
Una fortuna de 74.000 millones
Según datos oficiales, se calcula que actualmente están obligados a autoliquidarlos únicamente el 0,48 % de los valencianos (aproximadamente 27.000 personas) cuya fortuna suma 74.000 millones de euros (con 50.000 millones de capital mobiliario).
Hay que tener en cuenta que la Generalitat ha modificado en los últimos años la normativa que regula este impuesto en el sentido opuesto a lo que viene propugnando el PP, reduciendo el mínimo exento hasta los 500.000 euros y elevando el último tramo marginal hasta los 3,5 puntos.
Este hecho ha provocado que, con datos provisionales relativos a la autoliquidación del impuesto para el ejercicio 2021 (finalizado el 30 de junio de 2022), la Generalitat haya registrado ingresos reconocidos por importe de 187 millones de euros, más que todo lo recaudado en todo el año previo.
Empresas a la fuga
Asimismo, la Agencia Tributaria Valenciana a través de actuaciones de control e inspección en contribuyentes obligados a declarar este impuesto, así como en la inspección y control de los cambios de domicilios ficticios, ha recaudado para el ejercicio de 2022 se haya elevado ya hasta los 200 millones de euros (187 millones de euros de autoliquidaciones más 13 millones de ejercicios anteriores).
En el último ejercicio liquidado (ejercicio 2021 correspondiente a datos de Patrimonio de 2020) la Generalitat recaudó a través de autoliquidaciones 156 millones de euros, a lo que hubo que sumar 12 millones de euros (hasta los 164) en concepto de liquidaciones por procedimientos de inspección y control realizados por la ATV.
Desde 2017, la Generalitat Valenciana ha abierto un total de 121 expedientes por cambio de domicilios fiscal o deslocalizaciones ficticias ante la sospecha de la existencia de declarantes valencianos que buscaban eludir el pago de impuestos por Patrimonio y Sucesiones con su domiciliación en otras autonomías. De estos expedientes, la Generalitat ya ha cerrado 14 con una regularización de 18,8 millones.
