El pasado mes de marzo Esther Pascual mandó una queja a una residencia de mayores pública de Borriana, donde se encontraba su familiar. Antes había pasado por un centro de Domus Vi en Vilareal, y en ese momento había perdido "más de 20 kg con un deterioro de su estado de salud a todos los niveles". La queja llegó el día siguiente al que le dieran el alta hospitalaria tras encontrarse "en estado crítico".
La médico del hospital emitió un informe que decía que "se recomienda que en la residencia pueda estar acompañado de algún familiar porque precisa de cuidados continuos". Esther pidió que fueran sus hijas quienes se los proporcionaran, alegando a la normativa covid que les permitiría entrar. Las hijas pedían "atender y acompañar" a su familiar "hidratarle adecuadamente y administrarle las diferentes comidas, puesto que su estado precisa de un tiempo y personal que la residencia no le puede prestar". Al final de la queja, las hijas pedían celeridad a la conselleria de Igualdad porque la situación lo requería.
La contestación llegó en agosto en forma de carta de 11 líneas firmada por el jefe del servicio de inspección de los servicios sociales. "Le damos las gracias por la presentación de dicho escrito por cuanto valiosa tiene, para esta Conselleria, toda información recibida sobre el funcionamiento de los centros de servicios sociales". Le daban las gracias para después decirle que no le iban a informar de nada.
"En este momento, el hecho de ser reclamante no le otorga la condición de persona interesada [...]. Así pues no se le remitirá contestación alguna del resultado de la acción inspectora". Es decir, ella no podía ser persona interesada aunque la persona presuntamente maltratada fuera su padre. La contestación, según Igualdad, es de "conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas".
Esta situación se repite con todas las personas que ponen una queja ante la inspección de Servicios Sociales por el mal funcionamiento de una de las 329 residencias de ancianos que hay en la C. Valenciana (la gran mayoría privadas). Igualdad no informa ni del proceso ni del resultado de las inspecciones a los denunciantes, que suelen ser hijos e hijas de los internos. Esta situación les produce -según explica- una gran indefensión. Por eso piden que se revise esta decisión y al menos sepan (más allá de lo que se enteren por la residencia) cuál ha sido el resultado final de su denuncia. Qué ha hecho Igualdad para ayudar a sus padres.
Conselleria tiene una plantilla genérica que es igual que la que le mandaron a Esther para contestar a todas las reclamaciones que ponen los familiares. Pascual, que es portavoz de Coordinadora de Familiares y Usuarios de Residencias de la Comunitat Valenciana (ReCoVa), que reclama que se hagan más y mejores inspecciones, pero también pide un poco de empatía para los denunciantes de estas vejaciones en residencias de mayores.
Mejores ratios pese al esfuerzo
Igualdad inspeccionó el año pasado 187 de los 329 centros residenciales. Aunque son la mayoría, cuatro de cada diez centros para personas de edad no recibieron ninguna inspección en 2021, y el plan de inspección de centros de servicios sociales de Igualdad fija en cuatro años el tiempo que un geriátrico puede estar sin una inspección, tal y como publicó ayer Levante-EMV.
Fiscalía ya reclamó en su memoria anual que se aumentara la actividad inspectora, así como lo piden los familiares y la patronal Aerte. Consideran que debería haber al menos "una cada año". Pero lo que preocupa a las familias agrupadas en ReCoVa es el hecho de que se priorice la inspección de los centros grandes antes que los pequeños. "Hay residencias pequeñas que llevan muchos años sin una inspección y allí también suceden cosas", remarca Pascual.
Sucede, primero, que muchas de ellas no tienen el personal suficiente ni el adecuado. "Y más cuando están gestionadas por empresas privadas o fondos de inversión extranjeros, a las que le importan más los beneficios que las personas", dice la portavoz de Recova.
Igualdad tramita por vía de urgencia el decreto de el decreto sobre tipología y funcionamiento de los servicios, programas y centros de servicios sociales. Es, como lo definió la exvicepresidenta Mónica Oltra "una enciclopedia" de los servicios sociales. Porque agrupa 15 leyes aprobadas en 20 años en un solo texto. Entre ellas la que actualiza las ratios en residencias y las mejora sustancialmente.
Fuentes de conselleria explican que esperan aprobarlo entre enero y febrero de 2023, pero Pascual desconfía de que llegue antes de las elecciones y pide celeridad en un proyecto tan importante. Y pese a esto, ReCoVa reivindica la necesidad de encontrar más personal para los servicios sociales. "Si ahora mismo muchas residencias no cumplen las ratios que había en 2005, que son muy insuficientes, no creo que podamos cumplir las nuevas", lamenta.
Una de las principales dificultades es la falta de enfermeros y médicos titulados, y algunas residencias han llegado a contratar a personal sin el título para cubrir esta carencia. Gran parte del problema es que la mayoría deciden buscar empleo en la conselleria de Sanidad "donde ofrecen muchas mejores condiciones", explica Pascual. "La realidad ahora mismo es que trabajar en una residencia suele ser muy duro y mal pagado. Y eso está en manos de la patronal. Si faltan médicos, que igualen las condiciones con conselleria de Sanidad y seguro que así encuentran", sentencia.
