Con la primera parte de la reforma fiscal aprobada por el Consell (la que corresponde a la bajada del IRPF de las rentas de hasta 60.000 euros), el futuro se posa en subir los impuestos que afectan a las clases más acomodadas. Y ahí, una de las medidas que se pondrán en marcha será el aumento del Impuesto de Patrimonio, un incremento que hará que los ricos valencianos (aquellos con más de 10 millones de euros) sean los segundos que más paguen de toda España.
La subida se plasmará en la Ley de Presupuestos, pero no se notará hasta la declaración de la renta de 2024. Hasta esa fecha, dentro de año y medio, hay el peaje de unas elecciones que podrían cambiar los números finales con los que se presente el tributo que grava la riqueza. Sin embargo, si todo transcurre según lo previsto y acordado en el seno del Ejecutivo autonómico, el Impuesto de Patrimonio subirá 0,25 puntos a partir de los 1,3 millones de euros.
La modificación consensuada en el Consell alza el máximo tipo de este tributo de 3,5 % en que se encuentra actualmente (y que se utilizará de base para pagar los impuestos de 2022) hasta 3,75 %. La subida sitúa a la Comunitat Valenciana en lo alto de la clasificación autonómica en este gravamen empatada con Extremadura. Las dos autonomías son las que más impuestos cobran a aquellos que tienen más de 10 millones de euros, algo que afecta a algo más de 10.000 valencianos.
La Generalitat ya era de las que más presión fiscal situaba sobre el patrimonio de los más ricos. El tipo máximo de 3,5 % sobre aquellos con más de 10 millones de euros le situaba en la misma línea que Aragón, Castilla-La Mancha, La Rioja, Canarias y Castilla y León y por encima de Euskadi y Galicia (2,5 %), Navarra (2 %), Cataluña (2,75 %) y Asturias, Cantabria y Murcia (3 %). También, por supuesto, por encima de Madrid y Andalucía que tienen este tributo bonificado al 100 %, lo que, a efectos prácticos, supone su eliminación.
Sin embargo, la presión fiscal de este tributo no solo se mide por su tipo máximo. Cómo se desglosa a lo largo de los diferentes niveles de patrimonio y cuánto queda exento marcan este gravamen. Tanto el caso valenciano como el extremeño coinciden en que el mínimo exento es de medio millón de euros. Es de los más bajos, solo superado por Aragón con 400.000 euros, y en la misma línea que Cataluña o Navarra. El resto, en su mayoría, marcan el inicio para aplicar el impuesto a partir de los 700.000 euros.
Pero si se comienza a ver tramo por tramo cada uno de los escalones, los tipos valencianos son siempre inferiores a los extremeños. Por ejemplo, los valencianos que tienen más de 600.000 euros han de pagar 1,12 % (lo que provoca una cuota de unos 3.100 euros) mientras que en el mismo nivel, en Extremadura este tipo es del 1,35 % (una cuota líquida de 3.700).
Los extremeños pagan más en todos los tramos
Esa diferencia se mantiene en los siguientes tramos: 1,87 % para los valencianos con más de 1,3 millones por el 1,95 % para los extremeños con mismo patrimonio que han de pagar 2,55 % para el tramo entre 2,6 y 5,3 millones por el 2,37 % que se pagará en la Comunitat Valenciana cuando se aplique la reforma. Mismo esquema para el penúltimo escalón: 3,15 % en Extremadura para el tramo entre 5,3 y el tope de los 10,6 millones, por el 2,87 % que tendrán que abonar los ricos valencianos.
Y aunque la famosa curva de Laffer sea una línea en una servilleta, un mayor gravamen no significa necesariamente una mayor recaudación. Más que nada, porque no hay el mismo número de personas ni mucho menos de ricos en cada territorio, aunque lo que está claro es que una bonificación total como la de Madrid y Andalucía sí que les sitúa al fondo de la clasificación ya que lo captado por este tributo es cero.
Sin embargo, en el último informe del Consejo General de Economistas sobre el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de marzo de 2022 señala que en la autonomía que más recaudó en 2019 (última fecha de la que hay datos) por el Impuesto de Patrimonio fue Cataluña (554 millones), seguida del País Vasco (167 millones) y de la Comunitat Valenciana (152 millones) por los 5,5 millones en Extremadura. En el caso valenciano aumentó, según datos de la Generalitat, en 2021 hasta los 160 millones y se prevé incrementar otros 25 millones en 2024 cuando se aplique la nueva reforma.
