Ya es oficial: la apuesta de la Comunitat Valenciana, o al menos de la Generalitat, para albergar la sede de la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial será Alicante. El pleno del Consell ha dado su visto bueno a presentar en representación de la Administración autonómica la candidatura de Alicante para albergar este organismo estatal que está en proceso de buscar su ubicación donde empezar a operar.
Según ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, Aitana Mas, Alicante cumple "con todos los criterios establecidos por el Gobierno central para albergar la sede" como son la facilidad de conexiones e infraestructuras, la existencia de un fuerte sistema universitario especializado en Inteligencia Artificial, un "potente tejido empresarial" así como el apoyo de todas las administraciones públicas a este proceso.
Por todo ello, el Consell ha autorizado a la consellera de Innovación, Josefina Bueno, a presentar a través de la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial la solicitud de Alicante. Este es un guiño del Ejecutivo autonómico a la localidad y a la provincia (especialmente después del varapalo de los Presupuestos Generales del Estado) puesto que también se ha acordado apoyar la candidatura de Elx para albergar la Agencia Espacial Española. La apuesta por Alicante choca con la petición de la líder del PP en València, María José Catalá, que abogó también presentar al cap i casal.
La solicitud que debe presentar el departamento autonómico al ministerio se acompañará de las memorias e informes que justifiquen el cumplimiento de los criterios exigidos así como los compromisos adicionales que ofrezca la candidatura de Alicante para ser la sede de esta agencia. Entre estos compromisos adicionales se pueden añadir la propuesta de una sede física concreta o facilidades para el funcionariado que se instalará en la localidad que resulte elegida.
"Se tendrá en cuenta a los empleados públicos, incorporando la posibilidad de ofrecerles condiciones ventajosas para el traslado sin perjuicio en su carrera profesional", señala en la normativa fijada por el Gobierno para adjudicar estas sedes. Entre estas ventajas que no se señalan en el texto estaría la capacidad de proposición que tuviera cada administración. Así, por ejemplo, el Consell y el ayuntamiento correspondiente que quisiera acoger una de estas sedes podría facilitar exenciones al IBI o garantizar el acceso al transporte público al funcionariado que trabaje en estas.
El proceso que comenzó hace un mes con la aprobación de las bases en el Consejo de Ministros tendrá que ser resuelto en un plazo máximo de seis meses por parte de la comisión interministerial encargada de ello. Se espera que haya otras localidades como Salamanca y Granada que ya han anunciado su intención de concurrir al proceso.
