El juicio del caso Alquería ha quedado visto para sentencia después de más de dos meses de vista oral ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia de València. Algunos de los catorce acusados han querido hacer uso de su derecho a la última palabra.
El expresidente de la Diputación de València y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha agradecido la defensa de su abogada y únicamente ha querido adherise a lo manifestado durante la vista oral. Su exjefe de gabinete, Ricard Gallego también ha agradecido la atención recibida durante la vista y ha confiado en que "el juicio sirva para lavar nuestra inocencia".
El exletrado asesor de presidencia de la Diputación de València, Jorge Cuerda también ha agradecido "el trato del tribunal a esta parte y a todas". Y ha manifestado su "inocencia de todos los cargos que le acusa la fiscalia y las acusaciones". Y ha lamentado "el daño personal y profesional del caso Alqueria que ha sido... Nunca me había pasado nada parecido. Se produjo una onda expansiva a los familiares. Hasta después de concursar e irme de la diputación. Incluso en un contrato de alquiler. O en un crédito hipotecario, que requiere un análisis" debido, ha explicado, "a la afirmación de la UDEF de que estaba afiliado al PSOE, que es falsa. Y que ha obligado a buscar un certificado negativo del partido. Todo lo que suponía búsqueda, pues eso. El caso Alqueria se cargó el prestigio profesional previo, si es que lo tenía".
Cuerda ha recordado que tras estallar el caso Alquería "se amortizó el puesto de letrado del presidente. Se me rebajó el grado. Cuando ocurre todo esto, yo ya no quiero estar en la diputación. Yo ya me iba a ir. Pero donde iba a ir no pudo ser. Pérdí la coordinación de cursos, ponencias que antes hacía. Todo esto se lo cargó Alquería". También ha añadido respecto al procedimiento que "me supuso muchísimo daño el secreto del sumario. Ese "algo habrá" lo he oído infinidad de ocasiones. Soy funcionario de carrera, todo eso se lo cargaron. Por una denuncia, por una instrucción que para mi no se llevó como debía de llevarse. Intentamos ver las contradicciones. "Los once informes en contra y sólo el de Cuerda favorable". Nadie se ha leído nada. Soy inocente. Y lo que hice no es constitutivo de delito, menos de lo que se me imputa, por lo que me gustaría que dictaran una sentencia absolutoria".
La exgerente de Imelsa-Divalterra Agustina Brines también ha dado las gracias, se ha ratificado en lo manifestado por sus abogados y ha lamentado el "daño familiar, personal y profesional que no lo cura nadie". Ante el final de la vista ha asegurado "esperar que de una vez por toda cabe este mal sueño que hemos vivido, desproporcionado y sin ningún motivo".
El exgerente de Imelsa, José Ramón Tiller también ha defendido que actuó "respetando la legalidad y se ha mostrado orgullos de todo lo que realicé" en la empresa pública.
La exalta directiva, Soledad Torija ha dado la gracias a todas las defensas "porque nos ha defendido a todos" y al tribunal que la ha juzgado ha asegurado "me fío de ustedes".
El exalto directivo de Imels-Divalterra, Miguel Ángel Ferri, ha dado las gracias por la oportunidad de expresarse porque "nos jugamos mucho". Y ha insistido en que "después de todas las declaraciones, aún no alcanzo a entender como una persona que ha cumplido como yo acaba imputada en un caso con todas las consencuencias pesonales, laborales, familiares y económicas. La única explicacion es ser efecto colateral para magnificar un caso mediatizado por la presencia de políticos". Ferri ha explicado que "sería una osadía hacer una valoración jurídica, ya juzgarán según su mejor criterio. Pero permítanme hacer aclaraciones a las acusaciones. El contrato era de condiciones predeterminadas, con funciones establecidas en el contrato. Pude constatar que fui dado de alta, no tenía sospechas de la legalidad de un trabajo que te ofrecen en una empresa pública". Y ha defendido que "nunca se me dio traslado de ningun informe sobre mi contratación. Ni siquiera de los denunciantes, que ni siquiera insinuaron que los contratos estuviera en fraude de ley. No habría tenido inconveniente en abandonar la empresa y reactivarme en la administración". Y ha recordado que "abandoné la empresa en 2017 sin cobrar indemnización, cuando no había salido nada en prensa. La acusación se ha esforzado en buscar afiliación política. Se ha intentado minimizar nuestra formación y experiencia previa. En mi caso en medio ambiente y desarrollo local, tras casi diez años de director de proyectos con todos los colores políticos. Acredité mi idodenidad", ha defendido.
También ha criticado que "el fiscal eligió con demagogia una publicacion conjunta con dos responsables del área. Y no es ningún secreto ni amiguismo. Mi salario no se cargaba a los servicios centrales", ha explicado y ha lamentado la falta de rigor en los ingresos del área o que sólo había presupuestos para sueldos. Me sorprendió que el fiscal dudara de la veracidad de las novaciones. En 2016 con Sahuquillo de gerente le presenté un escrito con mi dimisión y le adjuntaba líneas de actuación".
También ha recordado que "no éramos empleados públicos por tratarse de una mercantil privada. Un trabajo que no computa para carrera profesional. No teníamos funciones de gerentes. Todos dependiamos de las gerencias. Se han obviado funciones que van más allá de un tecnico administrativo, como se insinuan. El fiscal concluyó que lo importante no era ir a trabajar, lo importante es saber si hacían las funciones para las que eran contratados. Y así fue, lo hice de manera solvente y para poner orden entre tanto caos", ha defendido.
Y ha concluido que "se han sacado conclusiones erróneas con datos incorrectos y mala fe por parte de la acusación, me ratifico en mi inocencia y confió en su buen criterio para que no se hurgue más en este despropósito que tanto daño ha causado".
Por último, el exalto directivo de Imelsa-Divalterra Salvador Femenia agradeció al tribunal el "trabajo perfecto. He visto la calidad del tribunal. Han protegido a los testigos. Me voy contento. Entré creyendo que no soy un delincuente y salgo creyendo que no lo soy. Soy socialista. Y mis padres eran católicos. Eso no es pecado. Llevo desde 1995 desde alcalde y concejal. En la Mancomunitat de la Safor somos 62 personas de distintos colores políticos. ¿Que hay de malo en la democracia y que haya pactos de gobierno si trabajan para el pueblo?", se ha preguntado.
Y ha concluido que "no seré tan delincuente como dice la acusación si saqué un concejal más y me votan para ser presidente de la mancomunidad. Fuí, trabajé e hice para lo que me educaron. Espero verlas para un café e invitarlas, nada más", ha concluido dirigiéndose al tribunal.
Por último, Víctor Jiménez Bueso ha agradecido "que me hayan permitido no asistir a las sesiones a las que no tenía obligación de asistir para compatibilizar todo esto con una actividad profesional normal. Cuando estalla todo esto yo era alcalde de Rocafort y me entero a través de un medio de comunicación, nueve días antes de las elecciones, que un juez me cita en calidad de acusado. Pienso que puede ser una información errónea. Y cuarenta ocho horas después recibo una notificación donde me citan a declarar. No me informan de los motivos. Me acojo a mi derecho a no declarar. Supone una conmoción muy importante. A mis hijas les preguntan qué ha hecho su padre. Explota una campaña electoral y después se me informa de qué se me está acusando". Cuatro años después Jiménez asegura: "No sé muy bien qué hago yo aquí. A mi me nombró el consejo de administración". Tras estallar el caso Alquería ha asegurado que "se cambió el signo político de unas elecciones municipales, y también provocó un perjuicio grave sobre mi patrimonio. He conseguido trabajo en una empresa de Murcia. Se me ponen muchas dificultades para tener una vida laboral sin saber muy bien por qué. Creo firmemente que el tribunal ha tenido ocasion de comprender la mecánica de las acusaciones. Creo en la inocencia de todos los que estamos aquí".
La presidenta del tribunal también ha agradecido "el buen hacer profesional, los cauces de moderación y la normalidad evitando el tono irónico" de todas las partes. E incluso se ha disculpado por su "actitud apremiante para respetar los tiempos" del juicio que acaba de quedar visto para sentencia.
