Suscríbete Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Caso Alquería

"Los directivos de Divalterra trabajaban por un sueldo de porquería de 2.000 euros al mes"

Las defensas de cuatro exaltos cargos piden la absolución, alegan el trabajo real que hicieron y critican la falta de concreción de las acusaciones

El letrado de dos de los exaltos directivos de Imelsa-Divalterra, Ferri y Femenia. Uno de los tres que intervinieron ayer. L. B. B.

Los abogados de cuatro de los altos directivos de Imelsa-Divalterra defendieron ayer el trabajo «real» que realizaron los cuatro procesados en el caso Alquería. «A pesar de que cobraban una porquería de sueldo de 2.000 euros al mes [netos]. A qué mala hora firmaron el contrato», señaló el abogado de dos de los exaltos directivos Miguel Ángel Ferri y Salvador Femenia, en su informe final de defensa. El juicio concluirá hoy con el último abogado que debe informar y con el derecho a la última palabra que, al parecer, quieren ejercer la mayoría de los catorce acusados.  

Los abogados de los cuatro exdirectivos que intervinieron ayer solicitaron la absolución de los cuatro exaltos directivos. La defensa de Soledad Torija, responsable del área de Medio Ambiente de Imelsa-Divalterra de noviembre de 2015 a marzo de 2018 defendió el trabajo real de la doctora en biología, su falta de conexión con ningún partido y la indefensión que le provocó ser citada como investigada en «una simple providencia de 2019, sin ninguna justificación que nos generó una gran indefensión». El letrado de Torija denunció en su alegato las «irregularidades» por la incautación de sus correos y la «creación de pruebas ad hoc fuera del procedimiento judicial para informar de que los testigos habían reconocido que era cercana al grupo Compromís». 

El letrado de Raúl Ibáñez, exalto directivo de servicios generales y administración de Imelsa-Divalterra, recordó que el contrato puesto en duda en esta causa «se hizo con las indicaciones de sus funciones que dió J. L. Vera». Y criticó que el caso Alquería era un «procedimiento penal en el que se discuten cuestiones administrativas». Además de reivindicar el trabajo real de Ibáñez en los pleitos que impulsó sobre las facturas de dudoso cobro que tenía pendientes Imelsa, la negociación del convenio colectivo o los informes anuales presupuestarios de la gerencia de Imelsa-Divalterra. Por último, el letrado de Ferri y Femenia criticó que el caso Alquería es una «causa general en la que todos responden de todo con una falta clarísima de descripción de los hechos de los que se nos acusa» y defendió que ambos hicieron «una gestión impecable». 

Compartir el artículo

stats