El caso Alquería encara ya la recta final. En la jornada ayer se vivió el alegato de las defensas de tres de los cuatro exgerentes de Imelsa-Divalterra procesados (José Ramón Tiller, Agustina Brines y Xavier Simón) y de dos de los altos directivos contratados.
Las defensas insisten en sus informes finales de que nadie advirtió que los contratos podían ser ilegales. Y en algunos de esos alegatos ese «nadie» lleva los nombres y apellidos del exdirector jurídico de Imelsa-Divalterra, José Luis Vera, que declaró como testigo en el juicio y a quien ayer volvieron a apuntar varias de las defensas como el garante de la legalidad y quien debía haber advertido si existía algún problema.
«Ni Vera ni nadie dudó de las contrataciones. Incluso dijo a mi representada que nada era ilegal, y que no había ninguna duda (...) Era la máxima figura jurídica en Imelsa», aseguró Javier Boix, letrado de la exgerente de Compromís, Agustina Brines. De ahí que cuando Vera hizo su informe sobre las contrataciones, «por la alta consideración del informante, lo dieron por resuelto. Se acabó. Y a partir de ahí, actuó Agustina Brines», señaló el abogado.
El letrado Javier Boix considera que la Fiscalía Anticorrupción «acusa a todos los gerentes a la vez, por lo que ha hecho uno (sin especificar quién era este uno)». Además de acusarla «a bulto» por los delitos de prevaricación o falsedad. «Estamos ante un pleito de lo social-administrativo más que de penal», señaló el abogado Javier Boix.
También apuntó hacia José Luis Vera el letrado Antonio Bruno Romero, defensa de José Ramón Tiller, el primer gerente de Imelsa en la etapa de Jorge Rodríguez. Curiosamente, Bruno Romero es quien defende a Vera en el caso Azud. «La Fiscalía [Anticorrupción] no pone el acento sobre la cuestión del contrato de Vera [como alto directivo].
Según los criterios de la Fiscalía, también debería estar imputado, siguiendo en términos dialécticos la argumentación del ministerio fiscal», alegó el letrado Antonio Bruno.
También recordó que Vera, «al que se contrata como especialista jurídico, el adalid de la legalidad y de la lucha contra la corrupción (...) estuvo bendiciendo hasta última hora la legalidad de los contratos de altos directivos, aunque en su declaración en el juicio manifestó que esos contratos eran ilegales. Es un ejercicio de malabarismo defender la postura de [José Luis] Vera», alegó el abogado de Tiller en el caso Alquería y del mismo Vera en el caso Azud.
Respecto al tercer exgerente de Imelsa-Divalterra procesado, Xavier Simón, su letrada Nuria de Antonio también criticó que «se haya hecho un paquete para acusar a los tres gerentes» en Imelsa-Divalterra. Y alegó en su defensa que Simón, nombrado el 21 de noviembre de 2017, solo puede ser acusado de los dos últimos contratos de altos directivos aprobados en 2018 pero «no se ha encontrado ninguna comunicación anterior a las contrataciones, ni ninguna relación con los dos nombrados, ni con presidencia de la Diputación de València. No hubo connivencia», defendió la abogada para solicitar la absolución de su defendido.
Por último, los abogados de dos de los exaltos directivos contratados defendieron que sus defendidos realizaron su trIabajo por lo que no pudieron cometer ni prevaricación, ni falsedad. Uno de ellos también tuvo palabras para José Luis Vera. «La contratación venía dada por la tranquilidad que les daba ‘el Ronaldo de la seguridad jurídica’ que después al parecer no lo fue tanto», aseguró.
