La Seguridad Social ha transformado sus oficinas presenciales en virtuales. La vía telemática es obligatoria desde hace tres años lo que genera denuncias y quejas en los usuarios que, ante cualquier necesidad de atención presencial, tienen prohibida la entrada a la oficina, tal como ha denunciado Levante-EMV.

En todas las oficinas que permanecen abiertas, los vigilantes de seguridad reparten formularios sobre cómo acceder a la vía telemática y los número de teléfono a los que llamar en función de los trámites.

Así, en las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el guarda de seguridad informa de que hay que acceder a la oficina con cita previa. Otra cosa es conseguir una. Se dan tan pocas que hay quien tarda meses en conseguirlo y quien paga a un gestor para hacerlo. En las oficinas de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ni eso. No hay cita previa. No hay atención presencial. La oficina es virtual y todos los trámites, telemáticos.

Todos los trámites de la TGSS son telemáticos. F. Calabuig.

Así, los usuarios exigen el retorno de la presencialidad a las oficinas, habida de cuenta de las dificultades que encuentran a la hora de gestionar cualquier trámite relacionado con pensiones, familia, incapacidades temporales, asistencia sanitaria, altas y bajas de afiliaciones, autónomos, deudas...

Quien puede soluciona el problema con el pago de un gestor o negocios similares que trabajan con la administración y cuentan con todas las claves y conocimientos necesarios para operar vía telemática. Pero ¿y quien no dispone de estos recursos?

Desde el sindicato CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) aseguran que la falta de atención presencial, junto con la merca de personal triene consecuencias directas que perjudican al usuario: retrasos en las jubilaciones y en ayudas tan necesarias como el Ingreso Mínimo Vital. Sólo en la Comunitat Valenciana, el retraso de las gestiones acumuladas suman tres meses.

"Para pensiones de jubilación o viudedad, e incluso para el IMV que es la gran prestación del gobierno, hay un retraso superior a los 3 meses. Todo esto lleva aparejado un incumplimiento de todos los acuerdos establecidos con los sindicatos”, explican desde el CSIF.

El Ingreso Mínimo Vital, además, es una ayuda prevista para los más vulnerables, personas que carecen de medios para realizar trámites burocráticos vía online o pagar a un gestor para que los haga en su nombre. Sin embargo, y según reconoce el último informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el "ritmo de incorporaciones de beneficiarios se ha ralentizado". El informe también recalca que sólo se conceden el 24% de las solicitudes tramitadas y que las "trabas burocráticas pueden estar generando un gran volumen de trabajo administrativo, con pocos resultados para la población en riesgo de pobreza que sigue viendo como 3 de cada 4 solicitudes son denegadas".

En la Comunitat Valenciana 61.785 hogares han recibido el IMV, según los últimos datos, actualizados en octubre de 2022. Ese 12% supone más de 175.000 personas beneficiarias de los que el 43% son menores. Se estima que los habitantes en riesgo de pobreza en la Comunitat Valenciana superan el millón de personas.

El volumen de solicitudes de pensionistas que tramitan su jubilación también va a más. Así, la Comunitat Valenciana registra al mes más de 400 nuevas peticiones. En noviembre de 2022, los datos cifraban en 921.883 el número de pensionistas valencianos.

Los trámites aumentan pero la plantilla se reduce y la atención presencial, desaparece. Y el futuro se presenta aún peor. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) explica que el INSS contaba con 604 efectivos en 2011 y la TGSS, con 751, en la provincia de Valencia. En la actualidad, las cifras se han reducido a 509 y 504, respectivamente, lo que supone alrededor de 350 trabajadores menos debido a la falta de cobertura de jubilaciones y vacantes.

"El INSS contaba con 604 efectivos en 2011 y la TGSS, con 751"

El sindicato apunta que esta mengua de plantilla ha ido paralela al cierre de oficinas. Durante los últimos años fue clausurado el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) en Puerto de Sagunto, la oficina tres de TGSS en la calle Jesús de Valencia y, más recientemente, las también de TGSS ubicadas en las calles Ernesto Anastasio y Virgen de la Cabeza, también en la capital. El CAISS de la calle Ruzafa estuvo a punto de correr la misma suerte y se evitó por las concentraciones organizadas por CSIF.

Además, el sindicato avisa que la situación empeorará en un futuro inmediato, ya que "en los próximos cinco años se jubilará el 28,5% de la plantilla de la Seguridad Social, y en diez años, un 36,08% adicional. Esto equivale a dos tercios de la plantilla actual, lo que hace temer que el organismo colapsará".