Los interinos mayores de 55 años piden más protección para estabilizar su puesto en las oposiciones de Educación de 2023

Amparo García tiene 60 años y lleva décadas ejerciendo como profesora interina. Ella es una de las 1.900 docentes que reclama que Conselleria de Educación les de estabilidad y protección laboral en los procesos de reducción de la temporalidad para profesores interinos.

En total se convocan unas 9.000 plazas, y la gran mayoría (7.550) se consolidarán por méritos, mientras que 1.597 lo harán mediante una 'oposición ligth', con solo dos pruebas de las cuatro que tradicionalmente se pasan. Esta oposición se celebrará en junio del año que viene.

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Los interinos mayores de 55 consideran que son uno de los grandes afectados por este concurso de méritos, ya que "no tienen en cuenta todos los años de servicio, ni toda la formación, y por otra parte valoran únicamente las oposiciones a partir del 2012".

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Este último hecho es para ellos grave, "sabiendo que las oposiciones han sido el elemento clave de nuestra larga situación de abuso de temporalidad y de fraude de ley", y por lo tanto piden que se quite este criterio como mérito ya que lo consideran "agravio comparativo".

Los afectados cuentan con el apoyo de los sindicatos educativos Stepv, CCOO, UGT, Csif y Ampe y los afectados se reunieron con Conselleria de Educación el pasado mes de mayo. Educación se comprometió a estudiar la situación junto a los sindicatos para "buscar la solución justa que garantice la estabilidad laboral hasta la jubilación de los más vulnerables", y que estos procesos de reducción de la temporalidad "no los dejen en exclusión sociolaboral".

Legislación europea

La asociación critica que la legislación nacional "infringe el derecho comunitario de la Unión Europea por varias razones". La primera es que, según explican, "a estos concursos se presentan candidatos que no han sufrido abuso de temporalidad", ya que el objetivo de la Unión Europea es la sanción por el abuso a los trabajadores temporales.

Para ellos, los procesos (concurso de méritos y oposiciones extraordinarias) "no son una medida efectiva para sancionar el abuso de contratos temporales del personal interino", como han manifestado varias sentencias europeas. Además el cese "que se contempla 20 días por un máximo de 12 meses trabajados, no es una sanción efectiva".

La asociación se considera "un colectivo vulnerable", teniendo en cuenta la edad y ser mayoritariamente mujeres, lo que les sitúa en un escenario de exclusión laboral. "Con 55 o 60 años el acceso al mercado laboral para nuestro colectivo es inexistente", denuncian.

Por eso demandan que la protección laboral como grupo vulnerable "es un derecho" y que corresponde a las administraciones aplicarlo, además de promover políticas que erradiquen esta vulnerabilidad. Por eso el colectivo pide a la administración que "trabajen por un pacto de estabilidad y apliquen así la protección laboral que necesitamos", y remarcan que "la conselleria puede dejar en riesgo de exclusión sociolaboral a sus trabajadores más vulnerables".

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Los interinos en situación de inestabilidad se consideran "mano de obra barata" ya que "durante años no se han convocado oposiciones o el número de plazas no ha sido el suficiente". Según la entidad "necesita mano de obra para poder manejar a su antojo a este personal, gracias a mermar sus derechos de nuevo".

Precedentes autonómicos

La entidad explica que existen precedentes en otras comunidades autónomas (Andalucía, Castilla - La Mancha, Madrid, Baleares, o Canarias) de protección al personal interino mayor de 55. El colectivo reivindica que estas normas no son algo derivado de la situación actual con la nueva legislación, pero "sí que es un agravante y por tanto no se puede demorar más en nuestra comunidad".

Los afectados explican que "hemos cumplido con nuestros deberes como trabajadores, esperamos y exigimos a la administración que cumpla con sus obligaciones, entre ellas, proteger a sus trabajadores, a todos, y especialmente a los más vulnerables, al grupo de mayores de 55 años en riesgo de exclusión sociolaboral", reivindican.

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