Una exdirectiva de Imelsa: «Si alguien no hubiera ido a trabajar habría dimitido»

Un «soporte corrompido» de un informe aportado por la Abogacía de la Generalitat, que ejerce la acusación en el juicio de los zombis del caso Taula obligó ayer a retrasar hasta el martes la declaración del exconsejero delegado de Ciegsa, Máximo Caturla. Al estar la documentación dañada, la Fiscalía Anticorrupción aportará la copia que tenia, pero para garantizar que la reconstrucción es fidedigna, el acto se hará en presencia del letrado de Caturla.  

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De ahí que la quinta jornada de la vista que celebra la sección segunda de la Audiencia de València permitiera a dos exdirectivos de Imelsa y a tres presuntos trabajadores zombis dar su versión de los hechos.

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La exdirectora de Formación y Gestión de Personas de Imelsa, la empresa pública de la Diputación de València, María Escrihuela, declaró que «no detecté ningún trabajador que no trabajase. Rotundamente no. Si me lo hubieran comentado hubiera abandonado mi puesto de trabajo». 

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Escrihuela se enfrenta a seis años de cárcel en esta vista, al estar acusada por la Fiscalía Anticorrupción de conocer las «contrataciones simuladas» de los 15 contratos zombis que presuntamente cobraban sin ir a trabajar. Nueve de estos asesores contratados han admitido haber cobrado sin trabajar o hacerlo en la sede del Partido Popular, con cargo al presupuesto de Imelsa. Otros seis trabajadores defienden que realizaron su trabajo real. 

También está acusada de cobrar 115.410,07 euros en productividad y dietas de 2010 a 2014 «sin responder a ningún criterio retributivo variable» y «en el marco del descontrol económico existente dentro de Imelsa», según la Fiscalía Anticorrupción. 

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Escrihuela, al igual que Montblanch, sí respondió a las preguntas del Fiscal Anticorrupción. Han sido los únicos, por ahora. No detectó nada raro en los contratos en duda de los asesores. «Nunca vi nada que me hiciera pensar que me tenía que oponer a algo». Tampoco detectó que no trabajaran los quince supuestos zombis. «Nadie me dijo que no hubieran ido a trabajar. Si hubiera sido así yo hubiera dimitido». Así lo hizo en el contrato del call center (que se juzga de abril a junio). Sobre la productividad dijo que «yo cobraba la máxima porque cumplía los objetivos y de sobra. Era un 20% o 30% del sueldo». 

El exdirector financiero de Imelsa de 2008 a 2014, José Enrique Montblanch (absuelto en la pieza de Thematica), defendió la eficiencia de su trabajo en el que la empresa tuvo superávit. También justificó los 110.249,66 euros que recibió en productividad y dietas porque cumplió los objetivos que le impusieron. 

Los tres asesores que declararon ayer justificaron su trabajo real en respuesta a sus abogados. Ángel Sanchis fue asesor de Emilio Llopis de 2012 a 2015. «Hacía lo que me pedía», dijo. Francisco Antequera también asesoró a Llopis de diciembre de 2011 a 2015. «Iba a eventos deportivos y atendía a los municipios del Camp de Morvedre». Carolina de Miguel asesoró cuatro meses a Rafael Rubio, del PSPV, sobre «el seguimiento de instalaciones deportivas, los déficits de municipios de menos de 5.000 habitantes o el trabajo rural de las mujeres».