El yonqui del dinero confesó que Rus le dio el aviso para que huyera del país

Tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y tres extrabajadores y un asesor de Imelsa atornillaron ayer la versión de la Fiscalía Anticorrupción de que Alfonso Rus, Emilio Llopis, Marcos Benavent y  Máximo Caturla pactaron la contratación de personal de su confianza, los presuntos trabajadores zombis en Imelsa y Ciegsa. Un clientelismo para el que contaron con la presunta anuencia de dos exdirectivos de Imelsa procesados, según se desprende de las declaraciones de los seis primeros testigos de la Fiscalía Anticorrupción que declararon ayer en la séptima jornada del juicio del caso Taula por los contratos zombis.  

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Los tres agentes de la UCO que declararon ante la sección segunda de la Audiencia de València confirmaron que las grabaciones aportadas por la entonces diputada provincial Rosa Pérez Garijo y el exsuegro del yonqui del dinero a la Fiscalía Anticorrupción fue lo que les permitió comenzar a tirar del hilo. 

En esta vista sólo se dirimen las contrataciones de los presuntos trabajadores zombis (que cobraban sin trabajar o trabajaban para una entidad distinta de la que cobraban). Una de las grabaciones clave de la que partieron fue la que protagonizan Alfonso Rus, Emilio Llopis, Marcos Benavent y  Máximo Caturla en la que «tratan quién ha de ser contratado y por qué en lo relativo a Ciegsa». Sobre las contrataciones de Imelsa no existe una grabación similar pero sí la confesión de Benavent sobre «personas que trabajaban en la empresa sin acudir a trabajar y que, una vez que son despedidas se les da la máxima indemnización como si fuese despido improcedente sin merecerlo». Las contrataciones «según Benavent eran avaladas por él, pero los nombres los decidía él, un empresario que se lo pidió como un favor, además de Alfonso Rus o Emilio Llopis». 

A partir de ahí se inicia el trabajo de los agentes de la UCO para recabar todo tipo de información: correos electrónicos, información de la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y la información laboral sobre los contratos y las indemnizaciones cobradas recabada de la propia Imelsa. La Guardia Civil llegó a citar a declarar a «veintiuna personas. A todas se les pidió soporte documental de su trabajo. Sólo tres o cuatro de las personas que comparecieron aportaron documentación». 

El segundo agente de la UCO que declaró de forma presencial (el primero lo hizo por videconferencia) confirmó que Marcos Benavent le contó, cuando colaboraba con los investigadores, que grababa a personas de su entorno «desde que era concejal de Xàtiva y cuando estaba en Imelsa hasta que Alfonso Rus y otros le adviertieron a finales de 2014 que se le investigaba, que debía dejarlo todo solucionado e irse del país». Este mismo agente fue uno de los que tomó declaración a Benavent «cinco veces, aunque alguna ·se alargó más de un día, todas con asistencia letrada». 

También declaró el agente de la UCO que empleó seis meses «desde las Navidades [de 2014] hasta junio de 2015» en transcribir las grabaciones realizadas por Benavent y que, al realizarse en valenciano, fueron traducidas por este agente de Castelló, con el certificado de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV). Los abogados de las defensas centraron sus preguntas en la presunta falta de custodia de los dos lápices de memoria, en la ausencia de informes sobre el contenido, diferencias o similitudes entre los archivos de audio. Pero los agentes respondieron al únisono. Eran los mismos audios, con la misma duración, inicio y fin. El magistrado que preside el tribunal declaró impertinentes algunas de sus preguntas. 

La jornada finalizó con dos administrativos de Imelsa y el excoordinador de asesores del PP en la Diputación de València con Alfonso Rus. Los dos primeros testigos desmontaron la versión facilitada por Maria Escrihuela (directora de recursos Humanos) y el director financiero José Enrique Montblanch, en su declaración como investigados. «Los asesores no fichaban. Me hicieron darles de alta pero nunca ficharon, porque la orden era que no ficharan», declaró una administrativa. Y contradijo la versión de Escrihuela de que existía un fichaje antes de que ella accediera a la gestión de personal. 

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