El Síndic pide investigar a la Conselleria de Agricultura por un posible trato de favor en unas oposiciones

El Síndic de Greuges pide que se investiguen unas oposiciones del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia) -que depende de Conselleria de Agricultura- al sospechar de un presunto trato de favor a una candidata. El organismo ha remitido una resolución a la Conselleria de Justicia para que "revisen su actuación" y tomen medidas "con el fin de corregir la situación".

Así lo afirma el Síndic en una resolución a la que ha tenido acceso Levante-EMV. El organismo pide a Conselleria de Justicia (que debe gestionar todos los procesos de oposición) que vuelva a estudiar este caso por las sospechas de irregularidades.

Varios candidatos del concurso-oposición Escala Investigador A1-28-02 de la convocatoria 168/18 del Instituto Valenciano de Investigadores Agrarias (IVIA) dieron hace meses la voz de alarma sobre los resultados de este proceso que "rezuma irregularidades por todos los poros". 

Según las fuentes -que prefieren mantenerse en el anonimato- las oposiciones crearon un "baremo a la carta" para que personas sin la experiencia necesaria para aplicar acabaran siendo beneficiadas o perjudicadas de cara a obtener una plaza de funcionario de carrera en la administración pública. 

En concreto, critican que una de las personas que quedó en tercera posición para la plaza tenga "una relación profesional muy estrecha" con un vocal del tribunal, hasta el punto que -defienden-, la mayor parte de su carrera científica se basa en artículos firmados con él como tutor, además de publicaciones como libros de secundaria también firmadas con él. 

Se trata de unas oposiciones para acceder al cuerpo superior técnico de investigadores científicos de la Generalitat Valenciana, cuyo resultado se publicó el pasado mes de septiembre en la web de la Administración. Los afectados anunciaron que interpondrán un recurso de alzada para declarar nulo todo el proceso, y que seguirán protestando por otras vías (en este caso el Síndic de Greuges).

Conselleria de Agricultura aseguró tras la publicación de la noticia que todo el proceso estuvo reglado y la transparencia queda "fuera de dudas". Explicaron que "se trata de un proceso cuyos baremos tienen forma y estructura similares durante casi 20 años", y defienden que estuvo "totalmente reglado". Argumentaron que el tribunal fue nombrado por la Conselleria de Justicia y estaba compuesto por investigadores de la UV, CSIC, UPV y dos miembros del IVIA. Además respondieron que "no había obligación de publicar los criterios de baremación ni las puntuaciones máximas a obtener". 

UGT es uno de los sindicatos que más ha denunciado el proceso desde el principio, y exige "cumplir las recomendaciones del Síndic, aclarar qué ha ocurrido y, si se confirman las irregularidades, anular la convocatoria". 

Doctorado y cinco años de experiencia

No se trata de unas oposiciones cualquiera, para poder participar en el concurso era requisito indispensable contar con un doctorado en la materia y cinco años de experiencia postdoctoral. Como denuncian tanto el Síndic como los afectados, varios candidatos fueron aceptados en este proceso sin cumplir con el segundo requisito, ya que estuvieron contratados como técnico superior de laboratorio y no en calidad de doctores, según denunciaron los afectados en un recurso de alzada al proceso que no fue respondido por el tribunal. 

Así, el proceso ya comenzó viciado, pero uno de los hechos más graves que se denuncian es que los baremos se publicaron un mes y medio después de que los aspirantes entregaran los currículos. Como recuerdan los denunciantes "esto vulnera el derecho de igualdad en el acceso a la función pública" y supone una falta de transparencia en la administración ya que los requisitos deben publicarse antes. 

El Síndic incide mucho en este aspecto, y es una de las razones por las pide que se revise ya que "la persona queda en situación de desventaja para ejercer su derecho a la defensa, en un caso en el que precisamente se había puesto en tela de juicio la actuación del órgano selectivo", denuncia.

Por eso el organismo reclama a Justicia que las personas afectadas por la oposición "puedan acceder a la respuesta expresa, justificada, congruente y recurrible de la actuación del órgano selectivo, tanto en la admisión de los aspirantes como en la acreditación de sus méritos". En otras palabras, el Síndic pide más transparencia porque considera que los aspirantes no pudieron defenderse.

Los afectados denunciaron en su momento que se publicó un "baremo a la carta" para beneficiar o perjudicar a determinados candidatos en el concurso. A esto hay que añadir que, según denuncian, el tribunal no valoró correctamente los méritos de los candidatos y aceptó a personas que no tenían relación con el área de especialización a la que aplicaban.

Posible trato de favor

Los afectados denunciaron como algo muy grave "la estrecha relación profesional de una candidata con un vocal del tribunal". Alertan en concreto de que esta persona tiene "bastantes artículos científicos publicados por ambos con la supervisión de aquel sobre esta y con publicaciones de libros de texto de secundaria", denuncian. En todas estas supuestas irregularidades los afectados presentaron recursos de alzada e incluso pidieron la recusación de este miembro del tribunal. Pero el proceso siguió adelante y ningún aspirante que ha denunciado ha recibido contestación.

 En estos momentos, tras publicarse las notas, algunos aspirantes han vuelto a presentar un recurso de alzada contra todo el proceso que consideran injusto. Si no funcionara han asegurado que acudirán a los tribunales por la vía contencioso-administrativa. 

Varios afectados critican la "transparencia nula" de todo el proceso, "que no solo ha provocado la indignación de varios candidatos que se han visto perjudicados por este cúmulo de anomalías, sino que ha hecho correr estas circunstancias como la pólvora entre la comunidad científica", aseguran. 

Para los aspirantes "una institución pública como el IVIA que pretende ser de referencia en la investigación agraria debería, además de ser capaz de incorporar investigadores punteros, garantizar un proceso transparente y de igualdad de oportunidades entre todos los aspirantes. Desgraciadamente -continúan- eso no ha ocurrido". 

Suscríbete para seguir leyendo