La "cesión obligatoria" de pisos de grandes tenedores para alquiler social divide al PSPV y Podem

El decreto de Regulación de la Actividad de los Grandes Tenedores de Vivienda y del Acoso Inmobiliario, uno de los más importantes de la legislatura en materia de Vivienda, se aprobará este viernes. Tiene 47 artículos destinados a frenar las prácticas especulativas de fondos buitre y grandes tenedores, y sancionar abusos como el acoso inmobiliario. De los 47 artículos, hay acuerdo total en el Consell... excepto en uno.

Y es probablemente el más importante. La norma, como la ha diseñado Vivienda, contempla la "cesión obligatoria" de los pisos vacíos de estos grandes tenedores (10 pisos o más) para darle un uso social. Se considera vivienda vacía la que lleve deshabitada más de un año. Es decir, Conselleria tomará forzosamente el piso y se lo adjudicará a un demandante de vivienda pública durante un plazo de hasta 7 años.

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El precio aún se tiene que marcar por un reglamento, pero fuentes de conselleria explican que es probable que sean similar a los de la vivienda protegida. Los grandes tenedores están obligados a poner sus viviendas vacías en un registro para que conselleria tenga los datos.

Esa es la intención de vivienda, pero explican que "hay un debate en el seno del Consell sobre este punto", unos pocos días antes de la aprobación de la norma. Fuentes de Presidencia confirman que "estamos trabajando para llegar a un acuerdo". Algunas autonomías como Baleares o Cataluña cuentan con esta legislación.

Pese a este desacuerdo, el resto del decreto que se ha retrasado más de lo previsto, va a salir adelante. Y tiene muchas novedades. La primera es que Vivienda obligará a todos los grandes tenedores a informar de la ubicación y estado de sus viviendas para crear un registro de grandes tenedores. La información no será pública, sino de uso interno de la Generalitat.

Esto ayudará a saber "cuántas viviendas hay en manos de estas empresas y personas, ya que ahora mismo no tenemos esta información", explican. Además, también obligarán a aportar su domicilio fiscal y a proporcionar un número de contacto, una medida claramente diseñada para los fondos buitre, que destacan por su opacidad y negativa a negociar incluso con los poderes públicos. Estos fondos extranjeros son los responsables de muchos desahucios múltiples y, según Vivienda "los que más tensión están provocando en las ciudades".

Sanciones a los fondos buitre

La ley, pese a que Vivienda remarca que "no tiene un componente punitivo, sino de movilizar viviendas vacías", también contempla sanciones a algunas conductas protagonizadas por estos fondos, como es el acoso inmobiliario.

Presiones, amenazas, llamadas constantes, impagos de la comunidad para que corten luz de las zonas comunes, visitas de representantes del fondo para sobornar al inquilino, negativas a dar el número de cuenta para ingresar el alquiler y hasta denuncias de desahucio pese a estar al corriente de pago. Esta es la realidad de muchos barrios periféricos de las ciudades afectados por la compra de estas viviendas por parte de fondos extranjeros.

A día de hoy la mayoría de estas conductas no son delito, por eso vivienda busca definir el acoso inmobiliario en la ley para dar herramientas al inquilino y que pueda denunciarlo. También penará casos de racismo inmobiliario o discriminación de otro tipo.

El acoso inmobiliario se define y se pena con el nuevo decreto con un régimen de sanciones. Hay graves y muy graves. Las primeras tienen multas desde 10.000 a 350.000 euros, y las segundas de 350.000 a 950.000 euros. 

Tumban la obligación de ofrecer alquileres asequibles

La redacción del decreto ley también ha dejado aspectos fuera. Uno de ellos es la obligación a grandes tenedores de ofrecer un alquiler asequible a sus inquilinos antes de desahuciarlos, que estaba en la agende de Vivienda según publicó Levante-EMV.

Nada más anunciar esta medida, el Tribunal Constitucional la tumbó en Cataluña al considerar que se invadían competencias del estado. Poco tiempo después la Abogacía de la Generalitat la eliminó también de su norma. En su lugar decidieron implantar al obligación de que los grandes tenedores tengan que informar a la Generalitat Valenciana cuando inicien un proceso de desahucio.

Esta nueva medida nace con el objetivo de que la administración pueda actuar y buscar soluciones como una vivienda alternativa antes de que se proceda al desalojo. De hecho el decreto también soluciona problemas y agiliza la respuesta en situaciones de emergencia -por ejemplo, una familia en la calle por un desahucio-. "Antes se llevaba a algunas familias a un albergue o un hostal hasta encontrar algo, pero entendemos que no es una solución real, así que vamos a dar mejores alternativas", apuntan fuentes de vivienda.

Más medidas

El decreto tiene muchas más medidas, como por ejemplo la de crear un cuerpo de inspectores de vivienda, que se dedicarán a velar por el cumplimiento de la ley, comprobar el estado de las casas y si están deshabitadas y, en caso de no cumplir, iniciar procedimientos para sancionar. 

El texto legal fija y crea un Fondo Social de Vivienda para construir pisos protegidos en el que estarán tanto la Entidad Valenciana de Vivienda como las empresas privadas, cooperativas, o hasta oenegés que decidan apuntarse. También habrá un registro de promotores sociales. 

La ley también hará oficial lo que hasta hace poco era una realidad oficiosa, una Mesa Antidesahucios con las plataformas por el derecho a la vivienda que se celebre periódicamente con los representantes de la Conselleria de Vivienda. Durante estos meses se han celebrado algunas reuniones de este tipo, pero vivienda quiere hacerlo institucional.

Aunque estamos al borde de que acabe la legislatura, Vivienda quiere sacar adelante los últimos decretos. Uno es el de regulación de la Vivienda de Protección Oficial, otro la Ley de Barrios y por último un texto par el fomento del ‘cohousing’.

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