La patronal protesta contra los recortes en salud mental: "Hay quienes no pueden pagar la plaza en pisos tutelados"

Alrededor de un centenar de personas convocadas por la patronal Aerte han protestado este jueves frente a la Conselleria de Igualdad por lo que consideran "el bloqueo" del sistema de salud mental y dependencia. En concreto denuncian los "recortes en las ayudas para viviendas supervisadas para personas con problemas de salud mental grave".

Según la patronal -que ha rechazado reunirse con las responsables de Igualdad durante la concentración- el sistema se encuentra atascado desde agosto del año pasado, cuando Igualdad redujo la ayuda para las personas que ingresen en una vivienda supervisada de 2.300 a un máximo de 800 euros (eso sí, cobrando la diferencia y empleándola en terapias o centros de día).

Para la patronal estos "recortes" provocan que varias de las 135 viviendas tuteladas que hay en la C. Valenciana (la mayoría privadas) vayan a tener que bajar la persiana ya que "ninguna familia puede afrontar un copago de 1.500 euros al mes para cuidar a uno de los suyos", denuncia Ignacio Rodríguez, director de varios centros. Esto provoca que ya haya muchas viviendas con lugares vacíos. Además "hay personas que no pueden pagar la plaza en pisos tutelados, y también plazas vacías", denuncia.

La realidad es que el sistema de atención para personas con trastorno mental no ha parado de crecer desde el año 2015 con 107 nuevos espacios debido al fomento de Conselleria de Igualdad. La mayoría de estos espacios, sin embargo, siguen siendo plazas privadas financiadas por la administración.

Por eso Igualdad explica que su trabajo ahora es "una reordenación del sistema para garantizar mejores ratios y mejor atención a los pacientes". Fuentes de Conselleria critican que "aunque es legítimo que una patronal defienda tener más beneficios de su actividad empresarial, la obligación de la conselleria es velar por el interés de la ciudadanía". Además denuncian que "la manifestación es exclusivamente del sector de la patronal, sin apoyo sindical o del tercer sector".

"Ni una sola persona ha abandonado un centro"

Conselleria explica que durante las pasadas legislaturas "ha incrementado las plazas, ha mejorado las ratios y a actualizado los precios". Y recuerda que "ni una sola persona ha tenido que abandonar un centro o una vivienda tutelada", a la par que garantizan que "nadie se queda sin servicio por motivos económicos".

Ahora mismo hay 2.542 plazas en diferentes recursos; 1045 están en Valencia, 994 en Alicante y 553 en la provincia de Castelló. En 2015 había 1.708 plazas, la mayoría en la provincia de València. En su momento conselleria reconoció que faltan plazas para estas personas, pero recordaron que ese déficit se solucionará con el Plan Convivint de construcción de infraestructuras de servicios sociales.

Ignacio Rodríguez, director de varias viviendas tuteladas, remarca que no le parecen mal estas políticas, pero critica que se hagan ahora, sin un modelo alternativo bien asentado. "Las personas no pueden esperar a que el Plan Convivint esté acabado en 2026, porque las infraestructuras ni están ni se las esperan, y la realidad es que ahora no hay una alternativa salvo los pisos privados", explica.

Una de las principales denuncias de la patronal es que se está impidiendo "la transición de recursos" de estas personas. Por ejemplo, hay quien necesitan pasar de la sección de psiquiatría de un hospital a una vivienda tutelada, o desde una residencia a una vivienda para mejorar su autonomía, pero pese a que lo necesitan, "se quedan en este recurso, porque saben que no le van a dar la ayuda suficiente para costearlo", cuenta Vicente Bellver, también director de centro.

Aumentar el copago

Esto provoca que la circulación del sistema lleve gripada desde agosto. Las residencias o los centros de día no liberan plazas para que entren las nuevas personas que lo necesitan, según critica la patronal Aerte. Sobre el recorte que denuncian, aseguran que otras autonomías como Cataluña o Castilla y León valoran que el servicio de un piso tutelado cuesta 2.800 euros "y las autonomías lo pagan para sus usuarios", critica Rodríguez.

El portavoz de la patronal Aerte, José María Toro, criticó al final de la manifestación que "hay que mejorar las ratios y dotar a los servicios de más personal, pero sin que les cueste un euro a las familias". También denunció que "en la práctica se va a aumentar el copago a niveles que no son asumibles para ellas".

En conclusión, la patronal critica que las ayudas en pisos tutelados de titularidad pública estén cifradas en 2.300 euros al mes, mientras que la de una vivienda de una empresa privada solo cubra con 800 euros de gasto. "Nos parece injusto, porque si tasan el servicio en 2.000 euros en la pública ¿Qué les hace pensar que en una vivienda privada nos cuesta tan poco?" lamenta Rodríguez.