Page y el Gobierno cargan contra Puig por el recurso al recorte del trasvase

Emiliano García-Page y Ximo Puig comparten militancia en el mismo partido, sin embargo, sus cargos como presidentes de sus respectivas autonomías, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, superan en el caso del trasvase Tajo-Segura cualquier afiliación y carné. El anuncio del recurso del Consell al decreto del Ministerio de Transición Ecológica sobre los cauces ecológicos del Tajo provocó ayer un nuevo choque entre los llamados barones socialistas.

García-Page aseguró ayer que exigirá el cumplimiento íntegro de las sentencias del Tribunal Supremo que establecen un caudal ecológico para el río Tajo si las cuencas mediterráneas —entre las que está la Comunitat Valenciana— no son solidarias con su región, una amenaza que llegó después del anuncio de medidas cautelares para suspender los caudales ecológicos por parte de Puig.

«Cuando se pide que se paralice una decisión ante los tribunales, que ya está aprobada, y que, además, es consecuencia de cinco sentencias del Tribunal Supremo, es porque se decide que se van a causar daños irreparables; pero si lo que tiene daño irreparable es el Tajo, que está hecho una cloaca», indicó el líder manchego que apuntilló: «Es alucinante».

Flexibilidad frente a «cachetes»

García-Page destacó que Castilla-La Mancha ha hecho «el esfuerzo» de que el caudal del Tajo se aplique de forma progresiva, «poco a poco», para que sea posible una evolución del modelo y «ahora quieren cortarlo de raíz, de golpe». Ante esto, el presidente castellanomanchego afirmó que si los territorios como Murcia, Alicante o Andalucía no son solidarios, su gobierno va a exigir el cumplimiento íntegro de las sentencias y, «desde el primer día», «No puede ser que nos paguen la flexibilidad y la moderación con cachetes», sentenció.

No quiso entrar en el choque Puig quien abogó por mantener el diálogo con el Gobierno sobre la revisión del Plan Hidrológico del Tajo para «garantizar unas condiciones viables de trasvase». Así se expresó en Orihuela después de que el pleno del Consell autorizase a la Abogacía General de la Generalitat a interponer un recurso ante el Supremo contra el decreto del Ejecutivo. Una alegación que contó con el respaldo del presidente de Murcia, Fernando López Miras, quien calificó de «necesaria e imprescindible» la petición.

El Consell argumenta que la disposición adicional novena del real decreto, en su versión enviada al Consejo de Estado y aprobada por el Gobierno, «no cumple adecuadamente con la función coordinadora para la cual fue concebida en origen y carece de la funcionalidad suficiente para llevar a cabo esta coordinación y de compaginar las necesarias exigencias de contar con caudales ecológicos en el plan del Tajo con el funcionamiento del trasvase».

Puig afirmó que la Generalitat «va a estar al lado de los regantes», pues considera que «tienen razón», por lo que abogó por plantear soluciones desde el diálogo. «Vamos a presentar un recurso y a continuar hablando con el ministerio, se trata de buscar soluciones», expresó al tiempo que indicó que no se trata de un «pulso». «Cada Administración defiende lo que piensa que es mejor para su territorio».

El choque fue más allá de un enfrentamiento entre autonomías del mismo color político al intervenir la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien le recordó a Puig que el Ejecutivo central está «conciliando el interés general» con el decreto aprobado.

No obstante, mostró «respeto absoluto» al jefe del Consell,, «sabiendo que defiende y vigila los intereses de los valencianos», pero insistió en «hacer comprender» tanto a los valencianos como al resto de españoles que el Gobierno de Pedro Sánchez «lo que hace es conciliar el interés general con valentía, determinación y perspectiva de futuro».

Suscríbete para seguir leyendo