Alicia de Miguel: "Es un chiste penoso que yo contratara a Álvaro Pérez para quedar bien (con Camps)"

La consellera de Bienestar Social durante el primer gobierno de Francisco Camps, Alicia de Miguel, también portavoz del ejecutivo de Eduardo Zaplana, ha negado en el juicio de la trama Gürtel que contratara a Álvaro Pérez de Orange Market para congraciarse con Camps debido a su adscripción zaplanista, como ha declarado su jefe de gabinete en este mismo juicio. Y para que Pérez hablara bien de ella y su trabajo en Bienestar Social ante el inicio de la nueva legislatura con Ricardo Costa (secretario general del PP y Francisco Camps, presidente del PP y de la Generalitat en 2007).

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"Es penoso, un chiste. Como si Álvaro Pérez tuviera capacidad de formación de [Gobierno]… Es ridículo, absurdo, una tontería, una bobada que no tiene nombre. A mi [Ricardo] Costa no me aportaba nada porque yo no tenía cargo en el partido. Y Costa era del partido y no tenia capacidad de hacer todo eso", ha asegurado, en rerefencia a la presunta "influencia" de Pérez tanto en Costa como en Camps.

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"A Álvaro Pérez sólo lo vi tres veces. Y no me dijo nada, cero, en ningún momento de una amistad con el señor Camps". De Miguel también ha negado que hablara con el entonces presidente de la Generalitat sobre la contratación de Orange Market para organizar varios actos de su conselleria. "Nunca. Con Camps yo hablaba de las políticas sociales del gobierno valenciano", ha asegurado en respuesta a su abogada, Asunción Quinzá.

A De Miguel la Fiscalía Anticorrupción le acusa de haber propiciado la contratación de tres eventos con Orange Market: el "Acto Tolerancia 0" celebrado el 6 de marzo de 2006 en el Muvim, por el que se pagaron 20.952,38 euros; el "Acto punto final", organizado el 25 de enero de 2007 en el mismo espacio, que costó 23.759,11 euros; y el "Acto balance general" de la legislatura, organizado en el Polideportivo de la Petxina el 24 de abril de 2007 por 35.403 euros. Todos los costes se fraccionarion en varias facturas para no superar el límite menor de los 12.000 euros establecido entonces en la ley de contratos del sector público.

De Miguel se ha desmarcado de la gestión y seguimiento de estos tres contratos y del resto que impulsara su departamento. "No sé nada. Yo nunca vi una factura. No sé nada de esas facturas ni de ninguna. No tengo ni idea de facturas, ni de contratación. No me ocupaba ni treinta segundos, porque no era mi competencia".