Alfonso Rus: "Esto ha sido un juicio político de la Fiscalía" Anticorrupción

El juicio del caso Taula por los contratos zombis en Ciegsa e Imelsa ha quedado visto para sentencia tras casi dos meses de sesiones. En la última jornada han querido ejercer su derecho a la última palabra, entre otros, Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de València y exalcalde de Xàtiva.

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"Durante este proceso ha habido tanta mala fe, que no he podido contestarle porque ella sentencia ya estaba preparada. Pero ahora contestaré: como presidente de la Diputación de Valencia no me incumbían los asesores. Yo de eso no me enteraba. Ni me interesaba. Cuando entré en la diputación, me advirtieron que si no había orden y concierto los trabajadores no cobrarían".

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Rus también ha lamentado que nombró durante su mandato a "dos diputados que llevaban empresas. No los han llamado ni a declarar. Y eran los responsables. Pero llevaban la orden hecha de 'todos al paredón'. Para mí esto ha sido un juicio político por parte del ministerio público. He estado siete años sin hablar por prescripción de mis abogados. y respeto a la justicia. No soy normal. Soy incontinente. Pero durante siete años han sostenido el invento de que tenía yo dinero, terreno, pisos, chalet en Brasil. Rus no tiene nada, pero se lo inventa el ministerio fiscal", aunque el magistrado presidente de la sección segunda lo ha cortado, porque estos hechos no se juzgan en esta vista.

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De ahí que Rus haya retomado el hilo y haya asegurado que "en este juicio nadie ha dicho nada de mí. "¿Es Rus? No". No sé que hago aquí durante tres meses. He sido responsable y he dado la cara. He manejado 3.500 millones en la diputación. Y en capítulo de personal logramos 86 millones de ahorro".

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El exgerente de Imelsa y yonqui del dinero confeso, Marcos Benavent, también ha hablado para leer una calculada y preparada intervención para intentar invalidar todo el caso Taula, su principal objetivo desde octubre de 2021.

"Pido perdón por el dolor causado por el afán de perjudicar al PP, a Alfonso Rus, Máximo Caturla y Emilio Llopis entre otros muchos, como aquí se puede comprobar. En la causa ha habido suicidios, muertes, trastornos mentales, depresión. Es doloroso el proceso. Y más que sea tu propia familia, la de tu exmujer, que por un acto de venganza inicie toda esta situación". 

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Marcos Benavent se siente "un títere"

Marcos Benavent ha asegurado que se ha sentido "tratado como un títere por la Fiscalía, la Guardia Civil y mi anterior defensa. Me quedé indefenso y me dejé llevar ante la situación creada con la promesa de la Fiscalía de no entrar en prisión". El objetivo, ha explicado, era "avalar las grabaciones de Rosa Pérez. Nadie supo decirme de dónde salían. No autoricé a nadie el uso, la difusión, la reproducción y manipulación de las mismas", ha asegurado Benavent resaltando una de las cuestiones claves de este juicio. Si las grabaciones que él hizo de presuntas practicas corruptas y que generaron el caso Taula son válidas.  

"¿Cómo llegaron a las manos de la Guardia Civil? Han tardado ocho años en decir como llegaron a ellos", ha lamentado el yonqui del dinero confeso. Y ha atornillado su versión de los hechos para invalidar las grabaciones. "El disco duro lo guardaba en el armario de mi casa, de mi exmujer. Mariano López -su exsuegro- me lo sustrajo. Lo usó sin mi consentimiento. Lo filtró a los medios y a políticos. Y después lo tiró a la basura el disco duro. Y con el toda mi vida privada. Y se han vulnerado mis derechos a la intimidad, el honor, la presunción dei nocencia y revelación de secretos". 

La Fiscalía Anticorrupción solicita doce años de cárcel para el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus; su jefe de gabinete Emilio Llopis; el exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla y el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. 

Para este último, yonqui del dinero confeso, la pena de prisión es más elevada que la solicitada inicialmente ya que la Fiscalía Anticorrupción le ha retirado la atenuante de confesión, al dejar de colaborar con los investigadores del caso Taula (desde octubre de 2021, cuando cambió de abogado y se arrepintió de arrepentirse) e intentar ahora invalidar las grabaciones que originaron la investigación y con ellas todo el caso Taula que ha alcanzado las doce piezas separadas. Por ahora ya existe una condena por la pieza de Thematica Events, que aún no es firme.  

Los cuatro se enfrentan a una acusación de los presuntos delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación continuada y falsedad en documento oficial cometida por funcionario público que supuestamente cometieron por «clientelismo político y personal» y el uso de varias empresas públicas (Ciegsa e Imelsa) «para repartir favores» entre personas afines al Partido Popular. 

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