Centros de Internamiento de Extranjeros

El juez de control reclama al CIE de Zapadores que la policía no espíe las entrevistas de los internos con abogados y ONG

El pronunciamiento se produce tras varias denuncias de la campaña CIEs NO, por obligarles a tener la puerta abierta durante las reuniones mientras un agente se apostaban al lado para escucharla

Protesta de la campaña CIEs NO frente a la puerta del complejo policial de Zapadores

Protesta de la campaña CIEs NO frente a la puerta del complejo policial de Zapadores / Levante-EMV

Gonzalo Sánchez

Gonzalo Sánchez

El juzgado de instrucción n.º 3 de València -encargado del control de la estancia de los internos en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores en València- ha exigido al personal del centro que respete la privacidad de las reuniones de los internos con las personas que acuden a visitarles.

Esta exigencia se produce tras las denuncias de la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento y el Fin de las Deportaciones (CIEs NO) ha interpuesto por "el espionaje que la policía ha efectuado de los estos encuentros".

En estas denuncias, la asociación criticaba que los policías que trabajan en el centro obligaban a que las reuniones con los internos fueran con la puerta abierta mientras ellos permanecían apostados justo al lado. Esto provocaba que los agentes pudieran escuchar todo el contenido de la conversación y eliminaran toda la privacidad que los internos podían tener con abogados extranjeristas, ong, o familiares que iban a visitarle.

Qué es un CIE

Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un mecanismo previsto en la Ley de Extranjería como una medida cautelar de privación de libertad para una persona cuya finalidad es expulsarla del territorio nacional. Aunque en los CIE se interna también a extranjeros con condena, muchos de ellos son personas sin papeles o que intentaron entrar irregularmente a territorio nacional (por vía marítima, por ejemplo) y a las que se les interna como máximo 40 días a la espera de ser deportados o bien en avión o bien en ferri. El encierro no puede durar más de 40 días, si se supera esa fecha estas personas deben volver a estar en libertad.

La campaña ha recordado que "la ley de Extranjería, el reglamento de los CIE y distintas resoluciones judiciales reconocen los derechos de las personas internadas a que 'sea preservada su dignidad y su intimidad', y a que estas mantengan contactos con familiares, ONG, abogados y abogadas, funcionarios consulares de su país u otras personas.

Sin embargo la asociación critica que la Policía Nacional, argumentando supuestos “motivos de seguridad”, llevaba meses en los que se situaba junto a la puerta de la sala de visitas e impedía su cierre, lo que les permitía escuchar las conversaciones privadas entre los internos y sus visitas.

Imagen de una de las visitas de un interno en las que se ve un policía en la puerta

Imagen de una de las visitas de un interno en las que se ve un policía en la puerta / CIEs NO

Toda la polémica estalló el pasado verano cuando, como denunció la campaña "un agente interrumpió la entrevista de un interno con dos acompañantes de la campaña y dio por finalizada la visita porque dijo que había escuchado decir que 'la policía es racista'".

Las personas acompañantes negaron esta acusación y las que le lanzaron el resto de policías de guardia, que les responsabilizaron de las agresiones que pudieran sufrir porque se “dedican a calentar la cabeza de los internos”. Finalmente tuvieron que abandonar el CIE sin poder realizar las visitas acordadas.

Más recientemente, continúa la campaña, se ha dado el caso de policías interviniendo, sin que nadie lo solicitara, en las entrevistas a los internos. Situaciones similares "tienen que sufrir las y los profesionales del Servicio de Orientación Jurídica en el CIE del Colegio de Abogados de Valencia", denuncian.

Inicialmente, el juez de control resolvió la denuncia de la Campaña comunicándole al CIE que “dado el carácter privado de las entrevistas, no pueden hacer uso de ningún tipo de las conversaciones que puedan escuchar entre ellos [internos y acompañantes]”.

Tras esto, "ante la constatación de que se hizo caso omiso de la resolución judicial" se presentó una nueva denuncia el 8 de febrero pidiendo que los policías se sitúen al otro lado del pasillo -junto a la pared de enfrente de la sala-, como han hecho en alguna ocasión, lo que les permite un control visual del interior de la habitación y la distancia garantiza la privacidad de la entrevista. El mismo día que se presentó esta denuncia, el juez acordó solicitar explicaciones al CIE sobre la actuación de la policía durante las visitas a internos.

El 24 de marzo, el juez resolvió dirigirse al CIE de València para exigirle “que las entrevistas con letrados y ONGs, así como familiares, deben hacerse respetando en todo caso la privacidad de la audiencia, sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se haya escuchado”.

CIEs NO considera que "esta actitud de la policía, que la Campaña espera que se corrija tras la intervención judicial, es una más de las continuas vulneraciones de derechos que sufren las personas que han sido encerradas sin haber cometido ningún delito".

Aunque en el CIE también se encierra a personas con condena, muchas de ellas son internadas por no tener los papeles en regla, una simple infracción administrativa según nuestro código penal. Se las encierra a la espera de su vuelo o ferri de deportación y el plazo máximo del internamiento debe ser de 40 días.

CIEs NO continúa criticando que "en todos los CIE se producen denuncias por malos tratos policiales". Aunque estas denuncias pocas veces a buen puerto, y fruto de estas peleas con internos (algunos conflictivos y con antecedentes) la Policía Nacional también sufre lesiones y bajas laborales.

La campaña reivindica que "la atención sanitaria y la atención sanitaria y la alimentación es deficiente; no hay protocolos de prevención de suicidios y de trata, e incluso se mantienen ilegalmente recluidas a quienes que en aplicación de la ley vigente deberían estar libres (como dos casos que denunció el mes pasado: un chico con arraigo y sentencia suspendiendo su expulsión, y un solicitante de asilo por orientación sexual)". Ante esto, la campaña reclama cerrar estos centros de internamiento que tacha de "cárceles racistas".