El exsuegro del yonqui del dinero: "Esto es una venganza del señor Benavent"

El empresario de Xàtiva, Mariano López, exsuegro del yonqui del dinero, ha asegurado que la nueva pieza del caso Taula por el presunto amaño del centro de llamadas o "call center" por la que se juzga a ambos es una represalia por haber entregado los audios. "Esto es una venganza del señor Benavent", ha señalado López quien ha declarado hoy ante el tribunal de la sección quinta que lo juzga desde el pasado 25 de abril. En la jornada de hoy también ha declarado el expresidente de la Diputación de Valéncia y exalcalde de Xàtiva, Alfonso Rus, que afronta su segundo juicio en 2023 por el caso Taula.

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La venganza a la que aludía el empresario Mariano López hace referencia a que esta pieza separada que juzga por el presunto amaño de la adjudicación del centro de llamadas tributario que la empresa pública Imelsa adjudicó a la empresa Servimun. Una adjudicación que, según la declaración inicial de Marcos Benavent cuando colaboraba con la justicia, estuvo amañada de principio a fin por la amistad de Mariano López con Alfonso Rus y con un funcionario de la Diputación de València.

Un extremo que ambos han negado ante el tribunal de la sección quinta de la Audiencia de València que los juzgará hasta el próximo 9 de junio. Mariano López ha declarado que sólo supo del contrato del call center cuando ya estaba adjudicado a la empresa Servimun, por lo que no pudo medrar para que se le adjudicara, como declaró Benavent durante su declaración ante los agentes de la UCO de la Guardia Civil y el Juzgado de Instrucción 18 y la Fiscalía Anticorrupción.

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Por su parte, Alfonso Rus ha explicado que la idea de adjudicar el call center o centro de llamadas se debió a la necesidad de gestionar los 180.000 recibos que había pasado al cobro un consorcio de resíduos. Y que la idea de convocar un concurso fue del interventor de la Diputación de València y del diputado responsable de Hacienda y exalcalde de Chiva, José Manuel Haro, porque no se podía contratar a más personal por la conocida como ley Montoro de 2012, pero existía la necesidad de "explicar" el nuevo recibo por el reciclaje de las basuras a 180.000 personas y debía crearse ese servicio de atención telefónica.

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