Tribunales
El tribunal frena el intento de anular el tercer juicio de Taula por el «call center»
Las defensas de Benavent y Rus plantean la nulidad de la instrucción por un error en las prórrogas y la «ilicitud» del origen de la causa iniciada por las grabaciones del yonqui del dinero
Alfonso Rus, Marcos Benavent y los dos funcionarios juzgados, ayer al inicio de la vista. / Miguel Ángel Montesinos
Las dos magistradas y el magistrado de la sección quinta de la Audiencia de València que presiden el tribunal que juzgará el tercer juicio del caso Taula, por el presunto amaño del centro de llamadas de la Diputación de València, frenaron ayer en seco el intento de las defensas de anular la causa antes del juicio.
En el banquillo de los acusados se sientan el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, y dos funcionarios de la institución provincial; el exgerente de Imelsa Marcos Benavent y su exsuegro y empresario, Mariano López, junto a otras dos familiares.
El abogado de Marcos Benavent, el autoconfeso yonqui del dinero, alegó un defecto de forma para invalidar todo lo aportado a esta pieza del caso Taula sobre el presunto amaño del «call center» tributario a partir de los seis primeros meses de investigación. Prácticamente la pieza casi al completo. El letrado Juan Carlos Navarro recordó que esta pieza separada se abrió en julio de 2016, la Fiscalía Anticorrupción pidió la complejidad en septiembre de 2016, pero el juez del caso Taula no acordó hasta el 20 de junio de 2017 la complejidad de la causa. Unos plazos que suponen que al superar la prórroga inicial de la pieza, que vencía el 15 de enero de 2017, se invalidaría todo lo que se incorporó después, según la argumentación del letrado.
El resto de defensas se han adherido a esta petición y han vuelto a alegar la antijuridicidad del inicio del caso Taula con las grabaciones de Benavent aportadas por la entonces diputada de EU, Rosa Pérez Garijo, y el exsuegro de Marcos Benavent, el empresario de Xàtiva, Mariano López, cuyo abogado, David González, alegó como cuestión previa la falta de concreción en la acusación contra él. «Siete años después mi cliente desconoce de qué se le acusa». El abogado de Rus, Emilio Pérez Mora, insistió en la ilicitud del pendrive y del disco duro con las grabaciones que hizo Benavent entregado a la Fiscalía Anticorrupción porque "no hubo cadena de custodia y se ocultaron a las defensas diferentes informes".
El Fiscal Anticorrupción del caso se opuso a todas estas cuestiones (algunas ya resueltas o debatidas en las otras dos piezas de Taula ya juzgadas) y aludió a jurisprudencia y la circular de la Fiscalía General del Estado que valida las pruebas en estas situaciones, siempre que no se vulneren derechos fundamentales.
En esta pieza separada, la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión para Alfonso Rus, 4 años y seis meses para Marcos Benavent y 13 para el empresario y exsuegro de Benavent, Mariano López. Para el propietario de la empresa Servimun, adjudicataria del contrato del Call Center, Fernando P., se ha decretado el archivo provisional y la creación de una pieza separada, debido a su delicado estado de salud. Seis de los encausados tuvieron que prestar una fianza de 1.184.906 euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes si resultan condenados tras el juicio.
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