Juristas critican que la regulación de la Atención Temprana del Consell es "arbitraria" y recorta las sesiones a los niños y niñas

La nueva regulación de Conselleria de Igualdad de la Atención Temprana (para niños de 0 a 6 años con trastornos del desarrollo) es "arbitraria" y recorta el número de sesiones que necesitan los menores. Son dos de las conclusiones del informe elaborado por la Clínica Jurídica para la Justicia Social de la Universitat de València, presentado hoy ante la Asociación Valenciana de Atención Precoz (AVAP).

El informe cuestiona la gestión de Conselleria de Igualdad de la Atención temprana, que asumió las competencias de Sanidad en el año 2018. Los juristas han analizado la Instrucción 03/2022, aprobada entre críticas de los profesionales y centros concertados, que llegaron a convocar manifestaciones. Los trabajadores y familias se quejan porque la nueva regulación reduce a una hora a la semana la atención para todos los niños y niñas, y obligan a aplicar solo una metodología de trabajo.

Según el informe, la instrucción está llena de contradicciones, como por ejemplo, que los menores que se regulan por la legislación anterior tienen más sesiones que los actuales, lo que rompe el principio de igualdad. Para los expertos, el hecho de dar más o menos sesiones "no se motiva de ninguna manera", y "tampoco se respeta el criterio de los profesionales para intervenir sobre los niños".

Para los juristas que han elaborado el documento, la nueva regulación es demasiado abierta en algunos puntos y no da respuestas en otros. Un ejemplo es que no hay un plazo para el silencio administrativo positivo en el caso de que la Conselleria de Igualdad no conteste a las familias cuando pidan más sesiones para su hijo.

Familias y profesionales protestan por una atención temprana "de calidad"

Por otra parte, el decreto potencia los tratamientos en el entorno familiar, es decir, los trabajadores deberán desplazarse hasta los domicilios. Pero no regula de ninguna forma cómo se deben compensar estos desplazamientos, y los directores de centros confiesan que, cuando el decreto se aplique en el mes de septiembre, no sabrán cómo abordar ese tema.

Pese a todo Igualdad ha hecho un esfuerzo por aumentar tanto plazas como centros de atención temprana, pese a que la demanda de este servicio para los niños ha aumentado todavía más. Ahora mismo hay 2.656 niños y niñas en lista de espera para un centro de atención temprana según fuentes de Igualdad. Y aunque la cifra es elevada cabe decir que conselleria ha aumentado, y mucho, el número de centros y de plazas desde que asumió la gestión. En 2015 eran 35 CAT y 1.476 trabajadores, y en 2021 han crecido hasta los 60 centros y los 3.296 trabajadores. Más del doble desde que llegó el Botànic. 

La mayoría de estas niñas y niños en la lista de espera están en València (1.251), también hay 1.133 en la provincia de Alicante y 272 en Castelló. Aunque no significa que todos estos menores tengan algún tipo de trastorno, conselleria matiza que "un número importante son derivaciones de pediatría ante la sospecha de un desarrollo evolutivo problemático. Por ejemplo, los hermanos de un TEA (Trastorno del Espectro Autista) son derivados de forma automática".

Impugnar el decreto

Los trabajadores de centros se quejan de que, por experiencia, se les hace imposible cumplir la legislación. La norma establece que se deben atender a 1,71 niños por cada plaza concertada. "Pero si atendemos solo una vez a la semana la estadística sube a tres, y si queremos ajustarnos a 1,71 hay que hacer varias sesiones a la semana. No sabemos cómo cumplir la ley porque está mal redactada", critican.

Los juristas denuncian que la atención temprana "se encarga de los más vulnerables entre los vulnerables, que son los niños pequeños con alguna discapacidad o trastorno del desarrollo". Y critican que la Comunitat Valenciana no tenga una ley específica para ello, como sí la tienen otras autonomías como Andalucía.

Los expertos explicaron también que desconocen los motivos por las cuales se deniega la ampliación de sesiones a un niño o niña, ya que no se recogen en el texto. De hecho, apuntan que "vemos casos en los que se deniegan las sesiones a una familia sin darles la debida justificación ni los motivos explicados".

La asociación AVAP explicó tras la presentación del informe que su objetivo ahora es impugnar el decreto para que Igualdad soluciones todas estas situaciones que consideran injustas y que, según un cuestionario que se pasó entre los trabajadores de los centros, afectan al 88,3 % de las personas.

Tanto afectados como juristas denuncian que la legislación "iguala la situación de todos los niños al establecer al principio que todos necesitan una sesión cuando no es así. No es lo mismo un niño con algún trastorno leve, que con autismo en un grado alto, y ambos no necesitan las mismas sesiones, sobre todo cuando los ha evaluado un profesional que lo considera así", critican.

Normativas "confusas"

Isabel Blanes, presidenta de AVAP, asegura que "somos profesionales, no juristas, y nos vemos desprotegidos ante las normativas confusas". Para la asociación, esta instrucción del año 2022 "ha mermado la calidad de la atención temprana". En su opinión, el objetivo de Conselleria ha sido reducir la elevada lista de espera, "y lo ha conseguido, pero a costa de reducir a una el número de sesiones y quitarle horas a muchos niños que las necesitaban".

Una de las principales reivindicaciones de los profesionales es que este decreto "nos obliga a tener una única forma de intervenir, cuando hay muchas más en función de la situación". Además, "vulnera los derechos de los menores que han entrado antes y después de la instrucción".

Los trabajadores afirman que siguen dispuestos a negociar con Conselleria para llegar a acuerdos respecto a la legislación, y que "la imposición no es el camino, y menos si se dirige una dirección general de diversidad e inclusión".