El Consell asume la gestión de dos de sus seis centros para menores con condenas

Los centros socioeducativos, donde residen menores con medidas judiciales de internamiento en aras de su reinserción sociolaboral, dejarán de estar en manos privadas y pasarán a ser gestionadas de forma directa por la Generalitat Valenciana. Así lo marca la ley de Infancia y Adolescencia, en aras de asegurar "una intervención educativa adecuada a sus necesidades y orientada a su reinserción sociolaboral, y que garantice, al mismo tiempo, su protección y seguridad". Adiós pues a una gestión que privatizó el PP en 2008.

La normativa valenciana de Infancia da un plazo de cinco años para revertir al sistema público la gestión de los seis centros que hay con estas características, pero este mismo año, esa gestión directa será una realidad en las dos principales residencias o, al menos, las más importantes en cuanto a número de trabajadores y usuarios: el centro Jaume I de Picassent y el Pi i Margall de Burjassot.

De hecho, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha dado un paso más en esta dirección al sacar a información pública la reversión de la gestión de estas residencias ya que el proyecto de decreto del Consell afecta al personal de los centros que pasarán a depender del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (Ivass). Así, se abre ahora un periodo de audiencia pública para presentar alegaciones, sugerencias u observaciones. En los seis centros socioeducativos hay 600 trabajadores, según fuentes de la Conselleria de Igualdad.

"En los seis centros hay 600 empleados", afirman desde la Conselleria

El centro socioeducativo Jaume I de Picassent (gestionado actualmente por la entidad Fundación Antonio Moreno) cuenta con 70 plazas, de las que hay ocupadas 47. El borrador presentado marca como plantilla 91 trabajadores entre los que destaca 6 coordinadores, 35 educadores y 25 auxiliares de control educativo. Eso sí, a tiempo parcial o compartido con otros centros figura un psiquiatra (con presencia del 0,25), un médico (0,5) y un enfermero (0,5).

La residencia Pi i Margall de Burjassot (gestionada actualmente por la entidad Fundación Diagrama) cuenta con 20 plazas y en la actualidad están todas ocupadas. La plantilla de este centro suma 52 profesionales donde destacan 12 educadores, 16 auxiliares de control educativo y 8 personas de apoyo educativo. En el borrador, como tiempo parcial o compartido, figuran 8 profesionales como 0,5 psicólogo; 0,5 psiquiatra; 0,5 médico o 0,5 letrado.

Primer objetivo: la intervención educativa

El proceso de reversión a la Generalitat de estas residencias debe finalizar antes del día 25 de diciembre de 2023. El día 26 de diciembre, el Ivass se subrogará en la condición de empleador. "El personal subrogado desempeñará los servicios objeto de su contrato de trabajo en una plaza de naturaleza laboral, a los exclusivos efectos de la organización de la plantilla del Ivass y de ordenación de los recursos humanos, sin que ello signifique modificación de su relación de empleo laboral o de sus condiciones de trabajo, ni la adquisición de los derechos inherentes a la plaza que ocupa", explica el decreto.

Respecto al porqué del cambio de gestión, el decreto explica que "la Administración en base a la normativa estatal tiene una obligación de control de la ejecución de las medidas judiciales impuestas a las personas menores de edad en conflicto con la ley que supongan la restricción de un derecho fundamental como es la privación de su libertad individual. Las residencias en las que ingresen estas personas menores de edad deben tener en cuenta las especiales características, complejidad, condiciones y necesidades de las mismas, que requieren de una intervención especializada. La gestión directa por parte de la Administración garantiza un control más exhaustivo y completo de las medidas adoptadas, siendo el primer objetivo de esta norma asegure una intervención educativa adecuada a sus necesidades y orientada a su reinserción sociolaboral, y que garantice, al mismo tiempo, su protección y seguridad", explica el documento publicado.

Ampliación de la bolsa de empleo temporal

Sin embargo, la sección sindical de UGT en el Instituto Valenciano de Servicios Sociales (IVASS) denunció hace unas semanas el «colapso» en este organismo como consecuencia de la apertura de nuevos centros de atención social o la subrogación de otros ya existentes y la «parálisis en la gestión de personal» por parte de la dirección de la entidad. Y alertaban de que la subrogación del personal de los centros de menores también les afectaría. 

La Conselleria, en relación al Ivass, anunció ayer la ampliación de la convocatoria de la bolsa de empleo temporal en las categorías de personal de cuidados , enfermería y cocina, que fue convocada en 2017, para «reforzar el número de trabajadores y trabajadoras en centros y servicios dependientes de esta entidad por la incorporación de nuevos centros de atención social al Ivass». El plazo de inscripción en la bolsa de empleo temporal será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV, es decir hasta el próximo 31 de mayo de 2023.

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