Anticorrupción defiende que el «call center» de Imelsa supuso «tirar 845.000 € a la alcantarilla»

Los siete acusados por el presunto amaño del centro de llamadas tributario o «call center» de Imelsa se enfrentan a penas de prisión que oscilan entre los tres y los ocho años de cárcel. «Con el ‘call center’ se malversó confiriendo a los hechos delictivos una apariencia de ilegalidad. Se malversa montando todo este entramado», aseguró ayer el Fiscal Anticorrupción en su alegato final en la tercera pieza del caso Taula que se juzga. 

"Con el 'call center' se malversó dando a los hechos delictivos apariencia de legalidad"

Las siete personas juzgadas están acusadas de los delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad en documento oficial y mercantil por adjudicar el «call center» en 2013 por 842.975,2 euros, a razón de 24.793,38 euros mensuales (ambas cantidades sin IVA). Fueron «845.000 euros tirados por la alcantarilla. Nos gastamos un dinero que no sirvió para nada, porque no había incidencia acreditada» que obligara a crear el «call center» y, cuando desapareció en 2015, el trabajo lo asumió la Diputación de València sin ningún problema, señaló el Fiscal Anticorrupción. 

Dos peritos confirman la discrecionalidad del contrato del "call center" de Imelsa

Un contrato que se adjudicó, en palabras de la acusación pública, porque «Alfonso Rus le dijo a Marcos Benavent que atendiese a Fernando Palomares -propietario de Servimun al que no se ha juzgado por su delicado estado de salud- y a Mariano López, y se puso en marcha la maquinaria administrativa. Esto no fue una adjudicación bajo precio, sino que fue un favor que pidió Mariano López a Rus». Y que ejecutaron los dos funcionarios que controlaron de principio a fin el concurso del centro de llamadas que, a juicio de las pruebas recabadas no debería haberse adjudicado a la empresa Servimun porque no reunía los requisitos exigidos para el contrato, según los indicios recogidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 18 de València.

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Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción mantiene las penas para los principales acusados en esta pieza separada del caso Taula: ocho años de cárcel para el expresidente de la Diputación de València, Alfonso Rus, porque tuvo «un papel nuclear» en la adjudicación del «call center». Otros cuatro años de cárcel para el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, por consentir y facilitar el amaño a través de la mesa de contratación en un proceso controlado de principio a fin por los dos funcionarios juzgados, Salvador Deusa y Ricardo de Ángel, que se enfrentan a seis años de cárcel. Y, por último, el empresario Mariano López para quien Anticorrupción rebaja de 13 a 7 años la petición de prisión, además de su mujer y su cuñada que también ven rebajada la petición de condena de cinco a tres años.  

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Además, como se ha reiterado por numerosos testigos y peritos durante el juicio, Servimun no cumplió con las mejoras ofertadas en la licitación: "Imelsa puso todo salvo las teleoperadoras, que supusieron un gasto de 10.000 euros mensuales. El resto lo hicieron, o bien técnicos de la Diputación, o bien de Imelsa, porque Servimun carecía de medios materiales, personales y técnicos", alegó ayer el Fiscal Anticorrupción.

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"Los fondos públicos se han de emplear para un fin, y si no es para ese fin es malversación. Es indistinto que el lucro sea propio o ajeno -ha asegurado el fiscal en referencia a las maniobras administrativas para la adjudicación-, se castiga la salida de fondos públicos para un destino ajeno al fin inicial", defendió el representante de Anticofrupción.

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