"La concertada filtra a su alumnado por renta y nacionalidad con dinero público"

El colegio Sagrado Corazón Esclavas de Jesús, en València, recibe dinero público del concierto educativo. Mejor dicho, lo recibe una fundación que gestiona el colegio, y que debe pagar el alquiler de las instalaciones a la congregación religiosa propietaria del edificio. En realidad, fundación y congregación son lo mismo, pero de esa manera gran parte del dinero público de los contribuyentes se va en financiar directamente una agrupación religiosa. Es un ejemplo de muchos que se narran en el libro El negoci de les aules: L’ensenyament privat i concertat al País Valencià, escrito por Moisés Pérez, periodista de investigación de El Temps. La obra, resultado de la beca Josep Torrent de Periodisme d’Investigació de la Unió de Periodistes y editada por la Institució Alfons el Magnànim (Diputación de València), analiza el crecimiento de los colegios religiosos y los intereses económicos e ideológicos de sus responsables.

Lo primero que muestra es que el dinero público va, en muchas ocasiones, a financiar directamente a la Iglesia Católica y sus congregaciones. La principal vía de trasvase son las fundaciones, explica Pérez en el libro, pero llegar a esa información no ha sido fácil.

«Hay una opacidad tremenda que no debería porque estamos hablando de dinero de la Administración. Una familia puede ver fácilmente en la web de Conselleria de Educación cuánto dinero público recibe el colegio público al que van sus hijos, pero no ocurre lo mismo con los concertados, es muy difícil saberlo», señala.

Los intereses de la escuela privada y concertada religiosa no solo son económicos, sino que también los hay ideológicos. «La escuela ha sido el principal campo de penetración social de la Iglesia durante siglos en España, no es de extrañar que quieran seguir manteniéndolo. Pero ahora además también es una de sus principales vías de financiación. Se juegan mucho con la educación», explica Pérez.

El libro desglosa en un capítulo a «los soldados de la concertada», figuras que varían con el tiempo y que intentan influir en los partidos para defender este modelo educativo. «La actual diputada de Vox Julia Llopis es un ejemplo. Antes era concejala de Acción Social en el Ayuntamiento de Alicante, pero venía de la junta de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que aboga por la escuela concertada.

Para Pérez, es importante poner sobre la mesa que estas figuras «no son actores neutrales, tienen unos intereses ideológicos claros y hacen lobby». En algunos casos, estos intereses están vinculados con los de la extrema derecha. Es el caso, cita, del presidente de la Federación Católica de Padres de Alumnos de València, Vicente Morro, delegado del católico Foro de la Familia y exvicepresidente de la antiabortista Asociación Valenciana para la Defensa de la Vida que, apunta Pérez, «se ha caracterizado por un activismo contra la denominada ‘ideología de género’, término empleado por los sectores conversadores para mencionar al feminismo y el colectivo LGTBI».

«Libertad de elección corrompida»

Un mantra de la derecha y los defensores de la escuela concertada es el de la libertad de elección de enseñanza. Sin embargo, Pérez critica que «la libertad de elección está corrompida; a menudo son las escuelas las que eligen a las familias y las filtran por renta, y no al revés». Apenas un 8 % del alumnado de los concertados religiosos viene de clases sociales desfavorecidas, mientras que el 80 % del alumnado de origen migrante valenciano acude a la red pública. En resumen, la concertada aplica un filtro de renta y origen a su alumnado, pese a que está financiada íntegramente con fondos públicos.

Otro tema que destapa Pérez es el de las cuotas a las familias que cobran muchos de estos colegios, a pesar de estar prohibidas. En concreto, 9 de cada 10 colegios las cobran: «Esto actúa también como filtro para las familias de clases bajas, que no pueden afrontar las cuotas».