Los cien días de Mazón: una apuesta por rebajas fiscales, la ampliación del Puerto y señas de identidad

Cien días se cumplen hoy de la toma de posesión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat, el plazo de cortesía que se acostumbra a conceder a todo nuevo gobierno desde que hace casi un siglo Roosevelt introdujera este período de gracia. Una suerte de colchón político al que Mazón renunció por las «urgencias» que diagnosticaba todavía como jefe de la oposición en la autonomía tras los ocho años del Botànic en el poder. Según aseguró en su primera sesión de control ante las Corts, la «peor herencia» recibida por ningún gobierno autonómico.

El president fue investido el pasado 17 de julio y sus consellers tomaron posesión de sus cargos dos días después. De momento, en el plano de la gestión estos meses de Mazón en el Palau de la Generalitat han estado marcados por la puesta en marcha de las primeras rebajas fiscales y una notable reducción de la estructura de la Generalitat, dos de las prioridades fijadas por el líder del PPCV ya durante la campaña. A nivel discursivo, la defensa de las señas de identidad y la beligerancia ante el Ejecutivo central han sido otros de los mantras. En este sentido, en la etapa más reciente ha ganado peso la defensa de la ampliación del puerto de València.

Mazón: "La ampliación del Puerto es una necesidad demostrada e irrenunciable"

Laboratorio de las relaciones PP-Vox

En este lapso el nuevo jefe del Consell también ha tenido que lidiar con algún fuego inesperado, como el provocado por los reiterados fallos en las adjudicaciones de plazas en Educación o el debate abierto por Vox sobre el valenciano, que a la postre ha encauzado el propio jefe del Consell a través de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuya autoridad llegó a ser cuestionada. Pese a todo, Mazón ha conseguido tener bajo control a su socio de gobierno, el que se antojaba como el factor de mayor riesgo para la estabilidad del Ejecutivo bicolor.

Aun así, el mandato de Mazón arrancó con el pacto de coalición sellado con Vox. Fue el primero de los barones territoriales del PP que cerró un acuerdo de Gobierno con la formación que preside Santiago Abascal tras el 28M, lo que sumado al sorpresivo adelanto electoral de Pedro Sánchez de las generales situó el foco mediático nacional en la Comunitat Valenciana, convertida en laboratorio de las relaciones PP-Vox ante el 23J.

La inclusión del término «violencia intrafamiliar» en el documento programático o la abierta negación de la violencia machista de uno de los diputados autonómicos de Vox, José María Llanos, elevó las críticas desde la izquierda hacia un Ejecutivo autonómico que desde entonces se ha esforzado por trasladar una imagen de unidad, también con la igualdad. Además de deshacerse del que fue candidato de Vox a la Generalitat, Carlos Flores, por su condena por «maltrato psicológico» a su exmujer, el primer mensaje en este sentido se envió con la propia composición del Consell. Mazón conformó un gobierno paritario y mantuvo el rango de vicepresidencia a la Conselleria de Igualdad, que confió además a Susana Camarero, experta en la materia y una de las impulsoras del primer pacto de Estado contra la violencia de género.

En lo que puede interpretarse como un guiño al sector más liberal, dio también mando en plaza a otra mujer, Ruth Merino, exsíndica de Ciudadanos en las Corts, a quien nombró macroconsellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz del Ejecutivo.

En esa primera decisión política de Mazón a la hora de diseñar su equipo pueden encontrarse otras dos claves del nuevo gobierno valenciano: se dio arranque a la reducción del esqueleto de la Generalitat para «ahorrar en gasto político» al reducir el número de conselleries de doce a diez y se constató el control que el PP tendrá sobre la gestión de la caja autonómica. Pese a ceder una vicepresidencia con cartera (Cultura, al extorero Vicente Barrera) y otros dos departamentos (Justicia e Interior y Agricultura) a Vox, los populares se reservaron el control del 95 % del presupuesto a cambio de ese escaparate a Vox, que también arañó la presidencia de las Corts.

Recuperó a históricos

Con las designaciones de consellers por la cuota del PP, Mazón priorizó la experiencia en la gestión, recuperando a históricos de otros gobiernos populares como Marciano Gómez (Sanidad) o José Antonio Rovira (Educación), altos cargos con Eduardo Zaplana y Francisco Camps, o Salomé Pradas, también directora general con Alberto Fabra.

Una tónica que continuó poco después con los nombramientos del segundo escalón del Consell, que volvieron a combinar esa apuesta por perfiles técnicos y con bagaje en la administración con un adelgazamiento también en los altos cargos y asesores. En ese proceso, todavía por culminar, Vox dejó entrever algunos problemas a la hora de completar sus departamentos. El más llamativo se dio en la cúpula de Emergencias, donde el secretario autonómico con el Botànic, José María Ángel, estuvo meses en el cargo pese a reclamar su cese por la falta de perfiles en las filas de Vox. El puesto fue finalmente asignado a Ángel Javier Montero Hernández, vinculado al PP.

Mazón anuncia la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones

En otros casos, Mazón ha optado directamente por mantener a dirigentes del Botànic para reforzar esa apuesta por perfiles técnicos y solventes y a la vez exhibir centralidad. Posiblemente el de mayor peso específico sea el de María José (Mako) Mira, ex número dos de Ximo Puig en las elecciones de 2015 y secretaria autonómica desde entonces y ahora responsable de la gestión de fondos europeos y del desarrollo de la gigafactoría de Sagunt. El jefe del Consell también ha mantenido a otros altos cargos ‘botánicos’ como Sonia Díaz (directora de la ATV) o José Manuel García Duarte (DGTic). Con el recorte en personal, el nuevo gobierno valenciano asegura que reducirá la factura en nóminas en algo más de 20 millones de euros durante la legislatura, a razón de unos 5 millones anuales. Un ahorro equivalente al 0,02 % del último presupuesto autonómico.

En paralelo, el Consell ha aprobado de urgencia las primeras rebajas de impuestos, que ya esperan en las Corts al visto bueno definitivo del parlamento. Con la derogación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones más las deducciones incluidas en la ley de acompañamiento de las cuentas de 2024, Mazón reducirá la factura fiscal de los valencianos (y también la recaudación pública) en 365 millones.

Pese a la delicada situación financiera de la Generalitat y la complicada coyuntura económica (retorno de las reglas de gasto, aumento de los tipos de interés y desconocimiento de los ingresos del Estado por la interinidad del Gobierno), el Consell asegura que no recortará en servicios fundamentales («Educación, Sanidad y dependencia», según Merino) en las cuentas de 2024 que ya ultima sino, en todo caso, en «gasto superfluo, duplicidades y gasto político», dijo la portavoz.

Mazón también ha logrado desactivar a la oposición en este arranque de legislatura. Empezó fracturándola al pactar con Compromís un puesto en la Mesa de lasCorts con el que contaba el PSPV y poco después logró dejar a los socialistas sin ningún poder territorial tras levantarle la presidencia de la Diputación de Valencia con el apoyo del partido del exsocialista Jorge Rodríguez.