El aumento de menores llegados de Canarias obliga a Igualdad a crear nuevas plazas de acogida de emergencia

Igualdad creará nuevas plazas de acogida de emergencia para los migrantes llegados de Canarias y exigirá que las pague el Gobierno. Así lo asegura la vicepresidenta y consellera de Igualdad Susana Camarero, tras conocer que la Fiscalía realizará pruebas de la edad a 300 migrantes recién llegados al sospechar que son menores.

Según los últimos datos de Delegación del Gobierno, 1.400 migrantes han llegado a la C.Valenciana hasta noviembre, derivados por la crisis de acogida en Canarias. El problema que han detectado las autonomías es que muchos de estos migrantes están resultando ser menones de edad no acompañados.

Fiscalía hará pruebas de la edad a 300 migrantes de Canarias al sospechar que son menores

Que sean menores implica que la Generalitat Valenciana está obligada a hacerse cargo de ellos como si fuera su familia. Eso implica escolarizarlos y darles manutención en un centro hasta cumplir los 18 años de edad. El problema es que el sistema de acogida a la infancia, con unas 1.600 plazas en centros, está lleno, lo que implica que Igualdad está obligada a crear nuevas plazas de acogida de emergencia, y realizar una fuerte inversión en ello en muy poco tiempo.

Ya se han detectado a través de la prueba de la edad 26 menores de 15 a 17 años, y para ello Igualdad acaba de invertir 1,5 millones de euros en su acogida. Camarero ha reclamado al Gobierno que mejore los controles, o al menos que las autonomías tengan más información sobre las personas que llegan. "La solidaridad no se cuestiona y vamos a ayudar en todo lo que podamos, pero nos preocupa que haya menores en la calle porque no los ha detectado el Gobierno. No puede ser que estas personas pasen varios días solas hasta que la Policía Nacional descubre que son menores. Son niños y no deben pasar ni un día en esas condiciones porque pueden sufrir todo tipo de abusos. Tienen que estar cuidados en un centro", reclama Camarero.

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Mala gestión del Gobierno

La vicepresidenta ha explicado que se compromete a acoger a todos los jóvenes que lleguen, pero que reclamará al Ministerio de Migraciones que financie las plazas ya que es su obligación legal. También ha criticado que organice mejor el sistema de reparto y sea más claro; "lo normal sería que hicieran la prueba de la edad en origen, y ya sabiendo cuántos menores hay que se repartan entre las autonomías", reivindica.

Camarero, por otro lado, se ha mostrado sorprendida al saber que Fiscalía ha encontrado casos de menores de 15 años que habían llegado con papeles de adultos. El principal problema, sin embargo, es la falta de información; "no les podemos atender bien si no sabemos que son menores". Migraciones es una competencia total del Gobierno, con lo que Conselleria no sabe a ciencia cierta ni el número ni la ubicación exacta de los migrantes que llegan y se derivan a distintas entidades sociales. Infancia, sin embargo, sí que es competencia de las autonomías, y cuando se detecta un menor Conselleria debe actuar.

Según explica Camarero todas las CC AA están denunciando situaciones similares en sus territorios, con muchos migrantes que han resultado ser menores cuando han llegado. "Entendemos que es una crisis de acogida y que hay que ayudar en Canarias, pero se deberían haber hecho más pruebas antes de repartir a los migrantes", explica.

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A esta tarea de acogida hay que añadir la gestión de las llegadas en pateras, con varios casos estas últimas semanas. Aunque por el frío no deberían llegar embarcaciones en invierno, diciembre siempre es un mes con llegadas debido a las mareas que aprovechan los migrantes, entre los que también hay varios menores de edad solos.

La principal tarea ahora mismo de Conselleria de Igualdad es identificar y proteger a los posibles menores que estén llegando, mientras reclama al Gobierno que mejore el sistema. "Nuestro principal miedo es tener a menores en la calle sin saberlo", reivindica Camarero.

Críticas al Gobierno

Varias asociaciones de abogados extranjeristas, entre ellas "Extranjeristas en Red" han denunciado esta mala gestión del Gobierno a la hora de derivar migrantes a las autonomías y han elevado quejas al Defensor del Pueblo para que investigue lo sucedido.

Muchos migrantes que llegan en situación irregular deciden hacerse pasar por mayores de edad, o bien para poder trabajar lo más pronto posible, o bien porque no desean quedarse en un centro en España, sino continuar su migración hasta Francia u otros países.

Sin embargo, cuando llega una persona adulta lo más común es que sea deportado de vuelta si ha entrado de manera irregular. Para ello se suelen emplear los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) lugares similares a cárceles donde se encierra a estas personas un máximo de 40 días para deportarlas. En el caso del CIE de València, suelen ser marroquíes o argelinos que llegan a las costas y son devueltos en ferry.

Esa es la primera criba, si eres un refugiado (como parece ser el caso de Canarias) la cosa cambia, ya que entras en el sistema de acogida durante unas pocas semanas, y te dan la oportunidad de hacer cursos de formación. Pasado ese tiempo deben buscarse la vida por su cuenta y una documentación transitoria que muchas veces ni les permite trabajar.

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A su llegada a las costas, las entidades que se encargan de recibir a los migrantes como Cruz Roja, junto con la Guardia Civil, revisan la documentación que llevan encima los recién llegados para identificarlos. Si hay sospechas de que sean menores se da paso a la Fiscalía para que les haga la conocida como "prueba de la muñeca" para determinar su edad.

El método conocido como Greulich y Pyle es una prueba basada en un libro publicado en los años 50, elaborado a partir de 990 chicos de Ohio, Estados Unidos. Esta es, actualmente, la prueba de determinación de la edad más utilizada para menores migrantes, aunque en algunos casos se combina con otras: la de mandíbula, la de clavícula.

Varias asociaciones de abogados extranjeristas y de defensa de los derechos de los migrantes llevan años criticando la poca fiabilidad de esta prueba en la población africana, que tiene un margen de error de año y medio en función del desarrollo físico del adolescente. Esto ha provocado casos de menores de edad internados durante semanas en el CIE de Valencia, que han acabado saliendo por decisión judicial.

También se han visto casos contrarios a los que indica esta noticia, en los que jóvenes con papeles de su país que indican que son menores de edad han sido internados en un centro al determinar esta prueba que eran mayores de 18. Se han dado casos en los que un pasaporte y un documento de identidad de otro país no se han dado como pruebas válidas para la determinación de la edad.