Los litigios de la diputación con empleados le cuestan 800.000 euros en dos años

Las críticas sindicales e informes técnicos que desde hace años ponen peros a las sucesivas modificaciones de la relación de puestos de trabajo (RPT) no son el único frente dentro de la Diputación de Valencia en materia laboral. En los últimos tiempos, la institución está recibiendo condenas fruto de contenciosos con algunos empleados. 

Y según el balance efectuado por uno de los sindicatos con representación (Intersindical), el coste para la corporación superaría los 800.000 euros solo en los dos últimos años (2022 y 2023). Es decir, por episodios producidos bajo el anterior equipo de gobierno, PSPV-Compromís, antes del cambio de pasado año con la entrada de PP-Ens Uneix.

En concreto, las «batallas judiciales» en distintos juzgados y tribunales valencianos tuvo un coste para las arcas provinciales de más de medio millón de euros en 2022, según una nota interna distribuida por el citado sindicato. A ello se suman algunos procesos judiciales perdidos por la diputación el pasado año, y que suman cerca de 300.000 euros, según las mismas fuentes.

Un servicio de la diputación tiene más jefes que empleados

Por ejemplo, una sentencia del contencioso-administrativo que condena al pago de 26.000 euros a un empleado público «al que denegó su derecho a la percepción de la diferencia de las retribuciones complementarias entre su puesto de trabajo, una jefatura de sección, y el puesto desempeñado durante casi dos años, una jefatura de servicio, por ausencia del titular».

En otro caso, se trata del abono de 44.000 euros por sentencias de tres juzgados de lo Social que obligan a la Diputación a indemnizar a cuatro técnicos de comunicación por la diferencia salarial entre importe recibido y el salario que les correspondía durante los periodos trabajados como becarios, y por su despido improcedente.

En el área de carreteras, continúa el sindicato, la diputación perdió 5 procesos en varios juzgados de lo contencioso administrativo, por negar el complemento de peligrosidad al personal técnico de carreteras (el año anterior ya se habían dado 9 casos similares), con un coste de unos 30.000 euros.

Ya a finales de año llegaron otras sentencias: la indemnización a un jefe de servicio por una destitución «insuficientemente motivada», con la diferencia salarial durante el periodo que duró el proceso, unos 150.000 euros en total. También la sentencia de un Juzgado de lo Social que condena a la institución a abonar a un trabajador la diferencia entre el salario que percibió como becario y el correspondiente al puesto de trabajo que desempeñaba, con un coste cercano a 30.000 euros.

Complemento de peligrosidad

Finalmente, en noviembre llegó un nuevo fallo que obliga a abonar un complemento de peligrosidad no reconocido a otro técnico de carreteras, unos 8.500 euros de coste. El sindicato recuerda que 15 técnicos de carreteras han denunciado por el mismo motivo. Intersindical critica que la diputación «obstaculiza» derechos de los trabajadores, y reclama que «se efectúe una auditoría externa» de la gestión de personal.