Ábalos aconsejó al Gobierno de Canarias la empresa de Koldo

En la primavera de 2020, con España en estado de alarma por la pandemia, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, recomendó al Gobierno de Canarias, presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que comprara mascarillas protectoras contra la covid a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas.

La recomendación de Ábalos prosperó. El Gobierno de Canarias cerró con urgencia en la primera semana de junio de ese año un primer acuerdo por 4,7 millones de euros con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, una de las sociedades investigadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y vinculada a Koldo García Izaguirre -el principal asesor del entonces ministro Ábalos- detenido por corrupción en la operación Delorme.

El caso, que lleva la Fiscalía Anticorrupción bajo la tutela del juzgado central número 2 de la Audiencia Nacional, indaga presuntos delitos de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias en una trama que imputa al asesor del exministro por el presunto cobro de comisiones por contratos públicos por más de 50 millones de euros para la adquisición de mascarillas.

Las conversaciones entre el Ministerio de Transportes y el Gobierno de Canarias durante el estado de alarma eran frecuentes. La interlocución directa entre Ángel Víctor Torres y José Luis Ábalos era casi diaria. Esos días había que organizar la búsqueda de proveedores y preparar la logística para la compra, entrega y reparto de material sanitario. Escaseaban las mascarillas y se buscaba con desesperación contactos fiables y proveedores internacionales con garantías, sobre todo en China.

Como un mediador fiable

En esas circunstancias en nada inquietó al Gobierno de Canarias que Ábalos aconsejara acudir a un proveedor: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. Se actuó como si fuera un mediador fiable. Venía directamente desde el ministerio. No había tiempo para comprobar el historial mercantil de la sociedad, con domicilio social en Zaragoza, pero integrada en un conglomerado de empresas opacas ubicadas en paraísos fiscales.

Ángel Víctor Torres estuvo informado de que la operación de compraventa de mascarillas por 4,7 millones de euros se iba a cerrar con la sociedad avalada por el ministro de Transportes. La orden de pago de las facturas la firmó el 7 de junio el entonces consejero de Sanidad de Canarias, Julio Pérez, exsecretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Zapatero.

La gestión de Ábalos en Canarias a favor de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas no fue excepcional. Al menos consta que también se la aconsejó a su compañero de Gobierno y ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien admitió en 2020 que acudió a un proveedor de confianza del Ministerio de Transportes para justificar el pago de 3,5 millones de euros a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas para la compra de material sanitario y equipos de protección. Ángel Víctor Torres se siente víctima de un abuso de confianza y se ha ofrecido a colaborar con la investigación judicial.

Encargos posteriores

En un primer envío Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas cerró con Canarias un pago de 4,7 millones de euros, pero en sucesivos encargos los servicios sanitarios de las Islas abonaron a la sociedad implicada en la trama de corrupción 12 millones por 2,7 millones de mascarillas en procesos administrativos afeados por la Audiencia de Cuentas, el máximo órgano canario de fiscalización, al entender que se saltaron procedimientos de control y garantías en la contratación pública.

Parte del material que envió Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas a Canarias no incluía lo solicitado. 837.000 mascarillas no eran FFPII, como se había pedido. Había que devolver 2,09 millones de euros, pero el Servicio Canario de Salud optó por dar una segunda oportunidad al proveedor para que suministrara las mascarillas demandadas.

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