El Botànic dejó blindada la exhumación de la mayoría de fosas

La nueva Ley de Concordia que prepara el Consell de PP y Vox y que deroga la ley de Memoria Democrática del Botànic no debería tener una gran incidencia sobre la recuperación de las víctimas de las fosas. Básicamente porque la anterior consellera de Memoria Democrática, Rosa Pérez, aceleró para dejar encarrilado el problema. Tres días antes de su cese, el pasado mes de julio, adjudicó un gran contrato para la recuperación de 421 restos mortales en Valencia, Castelló y Alicante. Ese contrato, según explica, permitía las exhumaciones pendientes en el cementerio de Paterna, y también las que quedaban en Alicante.

Calidad Democrática adjudica 421 exhumaciones de fosas antes de que entre el PP y Vox

El borrador de la nueva ley, de apenas 7 folios, resuelva la cuestión de las exhumaciones con un reconocimiento genérica a las víctimas “a las actividades de indagación, localización, exhumación e identificación de las personas desaparecidas”. La anterior ley le dedicaba un título completo a esta cuestión. Y atribuía a la Generalitat la responsabilidad de censar las víctimas, mapear el territorio y llevar a cabo las actuaciones para recuperar e identificar a los desaparecidos en la guerra y la dictadura.

Con todo, una disposición transitoria del proyecto de la nueva ley de PP y Vox sí reconoce que se respetarán los procesos iniciados de exhumación. A ello se comprometió también el president Carlos Mazón. De hecho, en febrero el actual Consell aprobó los trámites para la apertura de 41 fosas de Paterna.

El Consell prepara la exhumación de 41 fosas de Paterna con 186 fusilados

“Lo que no habíamos hecho lo dejamos programado”, señala la exconsellera y dirigente de Esquerra Unida. Además, quedaban trabajos pendientes en la provincia de Valencia, que se habían acordado con la Diputación de Valencia. Esta institución, gobernada por PP y Ens Uneix, sí continúa con estas actividades memorialistas. Hace unos días, sacó nuevas convocatorias de ayudas para exhumaciones.

Adn y bebés robados

En cualquier caso, Pérez se mostró muy crítica con el borrador de la ley. “No se puede negar la historia. En la historia hay victimas y victimarios. Y lo que está claro es que el PP y Vox están del lado de los victimarios”, señaló. Igualmente, mostró su preocupación por las lagunas que deja la ley. Una de ellas es el banco de identificación genética, que no aparece en el borrador, creado a través de un convenio con Fisabio, un banco de adn que ha servido también para identificar bebés robados y que ha seguido dando resultados para la identificación de víctimas.

Identifican cuatro bebés robados, nacidos en el franquismo

Además, la nueva ley supone de facto la supresión del Instituto de la Memoria Democrática, y su sustitución por una Unidad Valenciana de la Concordia. Según el texto, esta unidad tendrá un director con rango de subdirector, escogido entre profesores universitarios de Derecho Penal, Constitucional, Historia, Historia del Derecho, Filosofía, Políticas o Sociología.

Según recuerda Pérez, se está construyendo en este momento la sede del instituto, con fondos de la Unión Europea, en instalaciones del puerto de Alicante y una inversión de más de un millón. “Estaba muy claro que el objeto del edificio era el Instituto. Ahora no pueden cambiar ese uso. Si el instituto desaparece tendrán que devolver el dinero”, advierte.

Retirada de cruces y vestigios

A diferencia de los restos de las víctimas de la represión, exhumados en gran número, otro ámbito de la ley de memoria del Botànic que estaba por desarrollar era la retirada de vestigios del franquismo, una cuestión que parece abocada al conflicto. El anterior Consell impulsó un catálogo vivo de vestigios de la Guerra Civil y la dictadura, con aportaciones de los municipios, al que se han ido incorporando y retirando vestigios franquistas, monumentos o elementos simbólicos o iconográficos contrarios a la memoria democrática. En 2021, el catálogo tenía registrados más de mil vestigios, de los que 575 estaban pendientes de su retirada en espacios públicos.

Localizan 52 nuevos vestigios franquistas tras la primera actualización del catálogo

La nueva ley, en su lugar, crea, sin mayor concreción todavía, un catálogo de vestigios, con un comité de expertos designado por las consellerias con competencias en protección del patrimonio. A pesar del refuerzo legal a esa retirada, se trata de un tema que ha despertado gran polémica. En Castelló, por ejemplo, costó 4 años de pleitos la retirada de la cruz franquista del parque de Ribalta, eliminada finalmente este año en medio de una gran tensión.

Pese al cambio de la ley valenciana, el mantenimiento de estos elementos conmemorativos puede colisionar con la ley estatal de memoria democrática de 2022, que delega en las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias y territorio, “las medidas oportunas para la retirada de dichos elementos”. Desde el ministerio no se pronunciarán hasta la aprobación de la nueva ley valenciana, señalan las fuentes consultadas.

Matías Alonso: "Imponen la historiografía franquista"

Por su parte, Matías Alonso, presidente la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, criticaba ayer el contendio del texto: “Le dan la vuelta al significado, imponen la historiografía franquista y entonces apelan a la concordia”. De hecho, Alonso avanza que ya están empezando a contactar con historiadores y familiares a efectos de protestas. Solo confía en que como habrá choque garantizado con la ley que impulsó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “la estatal debería prevalecer”.

“Realmente es una Ley que desprecia los avances en el memorialismo. Utiliza el tema para imponer de nuevo el Pensamiento Único de la historiografía franquista, a lo que dedica casi la mitad de sus exiguas 7 páginas”, explica Alonso. En su opinión, lo que hace es desregular la anterior ley con solo cinco artículos, cuando la valenciana cuenta con 65. 

“Deja sin regular temas muy importantes como la memoria en la escuela, bebés robados, retirada de simbología franquista o futuras peticiones de exhumación”, señala Alonso. “En nombre de una falsa concordia ataca de frente al memorialismo y las leyes vigentes tildándonos como sembradores de división y enfrentamiento”, incide, para enfatizar: “Deja más incógnitas que certezas”. 

“Iguala al franquismo con la democracia y vierte amenazas veladas para no emitir valoraciones contrarias, es muy preocupante porque si logran su objetivo impondrán por decreto su visión de la concordia, que no es más que sumisión y silencio a los de siempre”, remarca.