El Consell mantendrá el banco de adn para identificar represaliados

La presentación de la proposición de ley sobre Concordia de la Comunitat Valenciana ha levantado una polvareda considerable en la política valenciana, una iniciativa que conlleva la derogación de la ley de Memoria Democrática aprobada por el Botànic, y que supone una revisión del marco cultural e histórico oficial. PSPV y Compromís han anunciado batalla judicial. Esquerra Unida también lo está estudiando. Y colectivos memorialistas preparan protestas.

De la batería de cinco leyes presentadas, esta es la que con más nitidez muestra la mano de Vox y su ideario conservador. Este partido, de hecho, llevaba la propuesta en su programa; el PPCV, en cambio, ni una referencia en su extenso documento electoral. Así las cosas, Presidència de la Generalitat trata de reconducir el mensaje que salió de la presentación de la batería legislativa la pasada semana, así como garantizar que lo sustancial de la reparación de la memoria de víctimas de la guerra civil y la dictadura se va a respetar. 

El Botànic dejó blindada la exhumación de la mayoría de fosas

En este contexto, desde la Generalitat se confirma que se mantendrán los trabajos para completar la recuperación de los restos, y también continuarán las ayudas a la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), que creó un banco de adn imprescindible para identificar a las víctimas así como varios casos de bebés robados, otra de las materias que incluía la ley del Botànic de 2017.

El contenido de la ley, sobre todo en su exposición, es duro con el Botànic y, en opinión de colectivos memorialistas, “le dan la vuelta al significado, imponen la historiografía franquista y entonces apelan a la concordia”. Ese preámbulo cuestiona “la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos” que inspira la ley todavía vigente, que además “se entromete en la esfera de la conciencia de los españoles, moldea su memoria, impide la libertad de opinión” o “limita la libertad de cátedra”. Por otro lado, el texto abunda en ideas como la falta de “un relato consensuado” en torno a la Segunda República, la Guerra y el Franquismo. Habla directamente de "víctimas de la Segunda República" o se refiere a la “convulsa Segunda República”, como estación inicial de todo lo que vino después.

Un punto de inflexión que calienta la legislatura de PP y Vox

1931: el inicio ¿de qué?

Desde la Generalitat se apunta, de hecho, a que el contenido de la proposición de ley no significa una ruptura total con la ley aprobada por el anterior Consell en 2017, ya que aquella también se retrotrae a 1931, año de proclamación de la Segunda República, tal como hace el proyecto firmado por PP y Vox. En puridad, es cierto, pero los matices son importantes. La ley de memoria del Botànic pone el contador en marcha el 14 de abril de 1931, pero como inicio de un periodo cuyos valores democráticos se propone recuperar y preservar. En lo que se refiere a las víctimas y la adopción de medidas para reparación, la ley de 2017 es clara: desde el golpe de estado a la república (1936) hasta la Constitución Española de 1978.

Frente a esto, la proposición de ley de PP-Vox sí asume la proclamación de la República como inicio de un periodo de represión: “La Comunitat Valenciana reconoce a todas las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o la persecución ideológica y religiosa acaecidas en el territorio de la Comunitat Valenciana durante el periodo histórico comprendido entre 1931 y hasta nuestros días”.

En lo que también difieren las leyes en las fecha final. La propuesta del PP y Vox deja abierto “hasta nuestros días” el ámbito de aplicación de la ley, con el objeto de incluir los asesinatos de ETA sin resolver.

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