Las quejas al Síndic sobre vivienda se disparan un 50 % en un año

Con el alquiler disparado, con los tipos en ascenso, con la población en riesgo de exclusión aumentando, las dificultades de emancipación de los jóvenes, o la escasez de la oferta pública, la vivienda se ha convertido en uno de los protagonistas del último informe anual de la Sindicatura de Greuges, uno de las problemáticas sociales que más crecen. Según el informe de 2023, el número de quejas de la ciudadanía y admitidas a trámite en el último año se sitúa en 132. La cifra, sin ser una de las categorías más destacadas -ahí están por ejemplo los problemas con la Dependencia, 697 quejas, o la discapacidad, 173-, sí es una de las que registran un mayor incremento. En el informe del año anterior, los problemas de vivienda motivaron 83 quejas al Síndic, lo que se traduce en un aumento de más del 51 %. Es el mayor número de quejas sobre vivienda desde la resaca de la anterior crisis inmobiliaria. Ese incremento contrasta con la estabilidad general de las reclamaciones a la Sindicatura el último año, que apenas aumentan un 4,3% desde las 2.908 en 2022 a las 3.034 de este pasado año.

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Lo que no varía, sin embargo, es la opinión del defensor del pueblo valenciano sobre la gestión de la administración valenciana. “Las reducidas dimensiones del parque público continúan siendo el principal obstáculo para lograr la plena efectividad del derecho al disfrute de una vivienda digna y determinan que sean muchas las personas que, reuniendo los requisitos para obtener la adjudicación de una vivienda pública, se encuentren, sin embargo, inscritos en los registros de demanda de vivienda, a la espera de obtener una solución, que en muchos casos nunca llega”, señala el informe presentado hace unos días por el síndic Ángel Luna.

Inacción pública

Este, de hecho, es el problema esencial al que se refiere el informe: la inacción de la administración. Así, a pesar de toda la materia legislativa que consagra este derecho, que protege las diferentes situaciones, sobre todo las de mayor vulnerabilidad; a pesar, insiste el síndic, de la ley de función social de la vivienda, que establece la “obligación jurídica” de la Generalitat y los ayuntamientos “de poner a disposición del solicitante” un alojamiento estable, la realidad sigue “chocando” con todas esas previsiones legales. Lo que se da, frente a eso, es “una práctica administrativa que concibe la intervención de las administraciones como meras gestoras de las viviendas públicas que no se encuentran ocupadas y son susceptibles de adjudicación”. Este aspecto centra las críticas del síndic: “Se confeccionan registros que recogen las solicitudes de vivienda de las personas”. Unas personas que permanecen en ellos en espera de que quede disponible alguna solución, o de que pasen dos años o más y haya que renovar esas solicitudes.

Esta inacción, esta forma de gestionar las necesidades de vivienda, concluye el síndic, “no es admisible”. Y añade: “La ausencia de una vivienda pública libre que adjudicar no puede convertirse en una causa que demore indebidamente la satisfacción del derecho al disfrute de una vivienda del que son titulares” los ciudadanos en los supuestos que contempla la ley, “debiendo recurrirse, de oficio, a conceder alguno de los mecanismos alternativos expresamente previstos" en la citada Ley 2/2017, de 3 de febrero, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el propio informe recoge el intercambio de información con la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, del que se desprende que la conselleria “parecía entender que sus obligaciones se limitan a la gestión del parque público”, sin que le competa realizar ninguna acción más y quede exonerada de ofrecer, entretanto consigue una vivienda, una solución alternativa, como un alojamiento o una ayuda económica.

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Retraso en las ayudas

Además de estas consideraciones, el síndic ha insistido durante 2023 en la necesidad de lograr la rápida tramitación, resolución y pago de las ayudas al alquiler de la vivienda, mediante el diseño de procedimientos sencillos, ágiles y con el menor requerimiento de trámites, que garanticen que dichas ayudas lleguen efectivamente a las personas que las necesitan y tienen derecho a ellas. Las ayudas son la subtemática que más crece en materia de vivienda. En concreto, pasan de 47 en 2022 a 89 el pasado año, casi el doble.   

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