Sanidad respalda el plan antitabaco tras el compromiso del Gobierno de optar por el consenso y darle financiación

La Comunitat Valenciana respalda el plan antitabaco del Ministerio de Sanidad, tras el Consejo Interterritorial Nacional de Salud (CINS), aunque ha sido necesario el compromiso del Gobierno en cuanto a la financiación del mismo y el consenso en la adopción de medidas clave como la ampliación de los espacios sin humo.

La postura del Consell y de Marciano Gómez se ha conocido horas después de finalizar la reunión en la que el Ministerio ha conseguido sortear el rechazo inicial de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular; inicialmente solo Asturias, Cataluña, Navarra y Canarias se habían pronunciado a favor. El plan ha recogido 147 de las 157 alegaciones y propuestas realizadas por las comunidades autónomas, por lo que Mónica García ha asegurado que no hubiera sido posible "sin diálogo y acuerdo".

García ha querido calificar de "histórico" el plan aprobado hoy y que es "una hoja de ruta" que "se materializará en las diferentes iniciativas legislativas" para el futuro y conseguir, así, un "país más sano" y con "más calidad de vida". Entre las medidas previstas a legislar están una nueva regulación de la publicidad, en la que se pondrá el foco en los vapeadores, la ampliación de los espacios libres sin humos, la modificación del empaquetado de las cajetillas de tabaco o la fiscalidad del consumo. Sin embargo, García ha asegurado que las autonomías tienen la potestad de regular aspectos concretos antes de la aprobación de este paquete legislativo.

La postura del Consell

Al igual que el resto de comunidades gobernadas por el PP, la conselleria de Sanidad siempre se ha mostrado muy crítica con el modo de proceder de la Ministra Mónica García, un discuros con el que han querido desviar la atención sobre el debate del plan en sí y dar a conocer con qué partes del plan estaban de acuerdo, con cuáles no, y qué medidas creían necesarias incluir en el plan antitabaco. Es verdad que tanto el conseller Marciano Gómez, como el president Carlos Mazón, han reiterado su alineación con la defensa "a ultranza" de la salud de los valencianos y valencianas, tras una primera defensa de un equilibrio entre libnertad y salud; e, incluso, se han mostrado abiertos a ampliar los espacios libres de humo, pero sin dar detalles en exceso. De hecho, una de las primeras medidas del Consell en el ámbito sanitario fue la eliminación del veto al tabaco en las terrazas del sector hostelero, vigente desde la pandemia del coronavirus.

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Las críticas comenzaron por la falta de información del Ejecutivo, que filtró algunas de las partes del plan a los medios de comunicación antes de trasladarlas a las comunidades autónomas; después, en las alegaciones al plan, la Comunitat Valenciana precios mayor concreción en la redacción de las acciones y reclamó, también, consenso en la adopción de las medidas en todo el territorio nacional -algo que no se dará porque el Ministerio ha dado libertad a las autonomías para implantar las medidas que consideran- y una norma jurídica de amparo. Y, durante los últimos días, el desacuerdo ha virado hacia el terreno económico. Ayer el conseller exigió al Ministerio conocer el impacto económico de las medidas para la administración y, hoy, Mazón ha señalado que desconoce si el plan cuenta con financiación específica, aunque una de las medidas que incluirá será un aumento del precio de las cajetillas y, por tanto, de los impuesto recaudados por el consumo de tabaco.