Un joven consigue la ayuda de Dependencia por orden del juez

La ayuda económica es de 153 euros al mes. Pero no era la cuantía económica lo que motivó a la madre de Bernat Alcudia a solicitar la ayuda de la Dependencia para su hijo. Tener el reconocimiento de la Dependencia implica acceder a una cartera de servicios prevista para mejorar la vida de quien, en mayor o menor medida, necesita ayuda en su día a día. "Hablamos de becas para terapias, de poder acceder a un piso tutelado, de contar con la ayuda de un cuidador profesional...", explica su madre, Belinda Grimaldos, quién pensó en solicitar la ayuda para que su hijo fuera a la universidad acompañado por una persona. Sin embargo, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (que tras el cambio de gobierno se denomina de Servicios Sociales) decidió que Bernat no debía acceder al sistema de la Dependencia y le adjudicó un grado 0. Cuatro años después, el juez le da la razón al joven y obliga a la Conselleria a reconocerle el grado I de Dependencia. Además, el juez le concede la prestación de cuidados en el entorno familiar (153 euros al mes) con efecto retroactivo desde 2020 y con pago de los intereses legales. En la sentencia también se condena a la Administración a pagar las costas.

Cuatro años han pasado desde que Bernat pidió la ayuda a la dependencia y el juez ha decidido que sí, que tenía derecho a recibirla. El caso ha llegado hasta el Tribunal Superior de justicia (TSJ) de la Comunita Valenciana de la mano de la abogada Sandra Casas (de Acción para la Justicia Social y portavoz jurídica de la Coordinadora en Defensa de la ley de Dependencia). "Esta sentencia es un éxito porque hablamos del Síndrome de Asperger y es importante que la ciudadanía sepa que estas personas también tienen derecho de formar parte del sistema de la Dependencia. La Conselleria les deja fuera y son personas que también tienen necesidades de apoyo", explica la abogada especializada.

Para la madre de Bernat, la justicia debería reducir sus tiempos en casos como el de su hijo porque "lo que está esperando no es la licencia de un edificio, es una persona". "Mi hijo quería ir a la universidad y yo tenía claro que en un espacio así necesitaba apoyo. Por eso pedí la ley de Dependencia pero cuando se la denegaron su proyecto de vida se derrumbó. No pudo ir a la universidad, claro. Hizo un grado medio de informática, pero mientras realizaba el grado superior tuvo dos depresiones tremendas. No quiere salir de casa. Bernat ha sufrido mucho. Un acoso escolar tremendo y un rechazo social que le ha dejado heridas y cicatrices. No quiere hacer cosas nuevas. Siente miedo hacia lo extraño y no se fía de nada porque lo ha pasado fatal", explica Belinda Grimaldos.

Desde los 12 años

La Generalitat Valenciana consideró que Bernat no era una persona dependiente a pesar de contar con una discapacidad reconocida desde los 12 años. Esa fue otra lucha. " Mi hijo tiene Síndrome de Asperger y eso implica que no tiene cura porque no es una enfermedad. Él es así. Sus conexiones neuronales son así. No hay cura posible. Pues en 2011 le concedieron un 47% de grado de discapacidad y en 2016 le redujeron el grado al 32% como si se hubiera 'curado' y tras reclamar le adjudicaron un 38%. Pero mi hijo no va a ir a mejor porque él es así, tiene ese trastorno y es de por vida", explica.

En la sentencia del TSJ, el juez lo tiene claro y asegura que ha habido "un error" en la aplicación del baremo de valoración de la dependencia, por lo que ordena a la conselleria que le concedan el Grado I. "Obtener el certificado de la dependencia significa que Bernat tiene derecho a acceder a una serie de recursos y ayudas. Mi hijo crece, ya no es un niño. Creo que con una serie de apoyos puede evolucionar y ser más feliz. Tiene derecho a tener una experiencia de vida y entrar en el sistema de ayudas era fundamental", concluye la mujer.