La Agencia Valenciana Antifraude confirman las irregularidades detectadas en las ITV y el plan eólico

Tres técnicos de la Agencia Valenciana Antifraude que realizaron sendos informes periciales sobre el proceso de adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan eólico desgranaron ayer ante el tribunal del caso Erial las irregularidades que encontraron en ambos expedientes administrativos. Entre otras, la rapidez inaudita en la valoración y aprobación de 50 ofertas de las ITV, la redacción de pliegos sin firmas, la inutilidad de los criterios económicos o la publicación de criterios después de la presentación de ofertas. 

La Agencia Antifraude confirma que la valoración y adjudicación de las 50 ofertas de las ITV se hizo en un día

Junto a ellos intervino el doctor y catedrático de derecho administrativo de la Universitat de València, Vicente Escuín, que emitió un informe de parte a petición del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, para alabar la tramitación de ambos procesos y contradecir las conclusiones de los responsables de Antifraude, a pesar de que no tuvo acceso a los expedientes (como sí hicieron los responsables de la agencia) y sólo basó su pericial en «el informe de Antifraude y notas de prensa». Escuín deslizó perlas en su intervención como que «los actos de trámite no son actos administrativos» o que la adjudicación del Plan eólico «no es un contrato y no se le tienen que aplicar las normas de contratación».

Entre las irregularidades detectadas por los técnicos de Antifraude (funcionarios licenciados en Derecho y Empresariales que han sido interventores o tesoreros) la falta de un informe que justificara la privatización de las ITV (aunque el abogado de Zaplana aportó un artículo de Levante-EMV sobre la aprobación del mismo, que no consta en el expediente); los pliegos administrativos del concurso que nadie firmó, ni se acreditó su autoría; o que el criterio económico (una medida objetiva en un concurso) «se quedó sin ningún tipo de sentido porque todos los licitadores recibieron la misma puntuación al mejorar la oferta económica a la administración y se tuvieron en cuenta solo los criterios subjetivos». Según confirmaron los tres técnicos de Antifraude «todas las licitadoras hicieron lo mismo: incrementaron el 30% sobre el canon mínimo por lo que ya tenian el límite de puntos».

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A juicio del catedrático Escuin la Generalitat «no se buscaba un mayor ingreso. Es un concurso para asumir una potestad publica para que los ciudadanos puedan usar su vehículo privado». El problema, para los técnicos de Antifraude, es que «se perjudicó a la administración. Sólo tres empresas ofrecieron un canon superior al 30%. A partir de este incremento al canon inical calculamos un perjuicio de 9,4 millones de euros que podría haber ganado» la Generalitat con la adjudicación de las ITV. Cantidad que se elevaría a 20 millones desde el inicio de la privatización de las ITV. 

Trámite «anormal»

Antifraude también considera «anormal» el trámite de análisis de las 50 ofertas de contratistas, la ponderación y la propuesta de adjudicación que se hizo el mismo día. Un trámite ultrarrápido que «no es normal», según confirmó el máximo responsable de los informes aportados a la causa. En el mismo día se realizaron de forma simultánea varios trámites administrativos complejos: el análisis de las propuestas, la ponderación de la mesa de contratación, la propuesta de adjudicación y la posterior resolución del contrato, a pesar del elevado número de ofertas presentadas para cada una de las cinco zonas de ITV en las que se dividió la Comunitat Valenciana: un total de 50 propuestas. «Es materialmente imposible», señaló el técnico de Antifraude. Además, el procedimiento administrativo, desde su inicio hasta su adjudicación, se prolongó durante poco más de cuatro meses pese a la magnitud del proceso, tal como recogía el informe de Antifraude aportado al Juzgado de Instrucción 8 que los tres técnicos ratificaron ayer ante la sección cuarta de la Audiencia de València. 

Por último, también se relevó al interventor del contrato de las ITV dos días antes de resolverlo (cese que firmó José Luis Olivas). Y, sobre el Plan eólico, determinaron que «las solicitudes de participación se hicieron a ciegas. Pidieron propuestas a empresas pero no cómo se iban a valorar y eso crea inseguridad jurídica». 

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