Antifraude insta a Presidencia de la Generalitat a sacar a concurso el servicio de comedor del Palau

Presidencia de la Generalitat deberá sacar a concurso «abierto simplificado» la contratación del catering o los contratos del comedor del Palau para cumplir con la legalidad y evitar los contratos menores y fraccionamientos detectados durante la Presidencia de Ximo Puig.

Así consta en la resolución del 30 de abril hecha pública ayer por la Agencia Valenciana Antifraude sobre la investigación abierta tras una denuncia anónima sobre presuntas irregularidades en los contratos menores de los servicios de comida para las reuniones de trabajo realizadas por Presidencia, desde el año 2018 hasta la actualidad, además del suministro de menaje para el comedor del Palau desde 2020 hasta 2022.

Antifraude concluye que desde Presidencia de la Generalitat «se ha estado utilizando el contrato menor para satisfacer una necesidad recurrente, periódica y previsible y no una necesidad puntual y esporádica». 

De hecho, tras revisar los expedientes remitidos desde Presidencia «desde el año 2018 se ha podido comprobar que las necesidades que se pretenden satisfacer con cada uno de los ellos son las mismas todos los años, lo que implica que se han eludido las normas en materia de contratación, produciéndose un fraccionamiento fraudulento de los contratos en el que se ha eludido el procedimiento de adjudicación oportuno, sin realizarse con la debida publicidad y concurrencia». Además, al recurrir a la fórmula de los contratos menores la contratación del catering no se sometió «a los mecanismos de control previos previos en materia de fiscalización». 

Antifraude añade además en su informe que «de los contratos analizados, se evidencia que el órgano de contratación» actuó «contrario a derecho, al adjudicar estos contratos año tras año infringiendo el límite temporal de un año e incluso formalizando varios de ellos en un mismo período, infringiendo así también el límite cuantitativo de los 15.000 euros», según lo establecido en la ley de contratos del sector público.

Una «circunstancia conocida» y que «no se corrigió por parte del órgano de contratación» ya que «la Intervención Delegada dejó constancia expresa que suscribir cada año contratos menores con el mismo objeto (...) supone un incumplimiento». 

Presidencia de la Generalitat, ya en la etapa de Carlos Mazón, presentó alegaciones que Antifraude no acepta. Y advierte que «no hay objetos ni necesidades distintas en las contrataciones». Además de que «el límite cuantitativo en el período investigado 2018-2023 supera de manera exagerada el límite legal» de la ley de contratos del sector público.