Xátiva multa a un banco por el mal estado de la casa donde se rodó una película de Tintín

Dos años y nueve meses después del derrumbe que hizo desaparecer una parte de la estructura de la histórica Casa el Margallonero en pleno centro histórico de Xàtiva, los diferentes propietarios de inmueble de tres plantas que alojó uno de los negocios hosteleros más emblemáticos de la ciudad siguen sin ponerse de acuerdo para cumplir las órdenes de rehabilitación que pesan sobre el mismo mientras el ayuntamiento continúa exprimiendo la maquinaria sancionadora.

La división inmobiliaria de un banco acumula ya tres multas coercitivas que suman 11.244 euros (a razón de 3.748 € cada una) como titular de la casa abandonada ubicada en el número 2 de la calle Vallés. Pegada a esta vivienda -aunque integrada en el mismo bloque- hay otro inmueble, en el número 4, cuyos propietarios han sido igualmente apercibidos en tres ocasiones con 682,92 euros de sanción, compartida entre dos hermanos, los herederos de una tercera persona titular y el fondo buitre Gramina Homes, SL. El conjunto arquitectónico ocupa una superficie construida de 728 metros cuadrados.

Abierto en 1904 como posada y restaurante junto a la Plaça del Mercat, la Casa el Margallonero fue uno de los escenarios en los que se rodó la película «Tintín y las naranjas azules», en 1964, convertido en "El Burro Rojo", una taberna con tablao flamenco incluido. En 2005 cerró sus puertas después de un siglo de vida ininterrumpida y, desde entonces, no ha tenido ningún uso.

La última multa impuesta por el ayuntamiento se acordó a principios de este mes de diciembre por un importe equivalente al 10% del coste estimado de las obras de reparación ordenadas en el inmueble, que ascenderían a unos 40.000 euros. Los propietarios se enfrentan a otras siete multas más (hasta un máximo de 10) antes de que el consistorio proceda a la ejecución subsidiaria de las obras.

La primera vez que la corporación ordenó intervenir en la casa fue en 2020, cuando la arquitecta técnica municipal redactó un informe advirtiendo de la necesidad urgente de paliar la situación de deterioro general de la fachada, sobre todo por los desprendimientos y grietas destacadas que podían producir accidentes en la vía pública. El requerimiento desatendido también instaba a la propiedad a sanear la red de evacuación de aguas pluviales y a garantizar las condiciones de seguridad y salubridad en el interior de la edificación en un plazo de 30 días.

En febrero de 2021, una de las entidades titulares del número 4 pidió ampliar el periodo de cumplimiento de la orden exigido bajo el argumento de que al haber diversos propietarios implicados -alguno de ellos ilocalizable- resultaba complicado oponerse de acuerdo.

En marzo de ese mismo año, la división inmobiliaria del banco Abanca presentó un proyecto de acondicionamiento y pintura de la fachada, desmontaje e instalación de una cubierta provisional y apuntalamiento para cumplir los requerimientos municipales.

Derrumbe en marzo de 2021

Un mes más tarde, sin embargo, se produjo un hundimiento parcial en la casa que dejó totalmente asolada la parte de la estructura que recae a la fachada posterior del edificio, de forma que la cubierta, los forjados y otros elementos constructivos desaparecieron dejando un volumen importante de cascotes en el interior del inmueble. El derrumbe ocasionó la caída de un tramo de la fachada posterior a nivel de la tercera planta, lo que comprometió la estabilidad del conjunto y despertó quejas vecinales. 

El consistorio pidió entonces a los propietarios que adaptaran el proyecto presentado en 2020 "con la máxima urgencia posible" para proceder a apuntalar el edificio y a retirar los cascotes urgentemente, así como a estabilizar el muro de cierre que da al callejón posterior y a sanear las medianeras y otros elementos constructivos desprendidos.

El inmueble de la división inmobililiaria del banco multado se vende en un portal por 8.000 euros, tras haber rebajado su precio un 79%

En mayo de 2021, la entidad Gramina Homes indicó que no tenía posibilidad de contactar con los otros propietarios y pidió al ayuntamiento que ejecutara las obras de consolidación del edificio de forma subsidiaria.

En febrero de 2022, por otra parte, la división inmobiliaria del banco sancionado solicitó una ampliación del plazo para ejecutar las obras alegando que la comercialización del inmueble se encontraba en un "estado avanzado". Sin embargo, en noviembre de 2023 se agotaron los términos de pago y cumplimiento de la orden de ejecución de la segunda multa coercitiva sin que se aportara ninguna justificación de realización de los trabajos exigidos.

El inmueble del número 2 —con 456 m2 construidos, 5 dormitorios y tres baños— se mantiene a la venta en un portal web por solo 8.000 euros. Su precio se ha rebajado un 79%.