La cuenta corriente de los directivos del Barça soportó numerosos embargos de Hacienda y Seguridad Social

Pocos días antes de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona del 7 de marzo de 2021, el periodista Jordi Basté organizó en RAC1 un debate con Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa, los tres aspirantes. En el ‘fragor de la batalla’, Víctor Font le exigió a Laporta que dijera qué personas había detrás del aval. "Se ha aprobado la estructura del aval, lo soportaremos los miembros de la junta directiva… Y una vez depositado en LaLiga, no hay ningún inconveniente en explicar cómo se ha avalado esta cantidad, que es muy importante", le contestó el candidato Laporta.

A la hora de la verdad, ese aval no lo soportaron en su totalidad los miembros de la junta directiva, porque más de la mitad de los 124 millones que se tuvieron que avalar, lo pusieron personas ajenas a la junta. Esa fue la principal razón por la que, días antes de las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, dimitió Jaume Giró (exconseller de la Generalitat), al comprobar que en la estructura del aval no participaban algunos directivos y que se estaba a la espera de la aportación de personas ajenas a la candidatura ‘Estimem el Barça’. Y en cualquier caso, Laporta nunca lo ha explicado.

Hoy en día, es la Agencia Tributaria la que desea saber quiénes fueron las personas que avalaron la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona en marzo de 2021 y qué importe avaló cada una de ellas. Igualmente solicita la numeración de las cuentas corrientes en las que se depositó ese dinero y en las que se devolvieron los intereses. Y es más, también requiere que se explique por escrito de manera detallada la operativa ordinaria del aval constituido. 

Todo ello se desprende del requerimiento de información que la Agencia Tributaria ha puesto en marcha, documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Está confirmado que el principal avalista de la candidatura de Joan Laporta, el empresario José Elías, ya ha acudido personalmente a Hacienda a explicar su participación. El propietario de la compañía energética Audax y La Sirena fue el que aportó el aval más cuantioso, cerca de los 40 millones de euros, siendo Jaume Roures el segundo por su montante, ya que el fundador de Mediapro garantizó al Banc de Sabadell (a través de su empresa Orpheus Media SL) una póliza concedida a la junta directiva del FC Barcelona de 30 millones de euros y que solamente estuvo vigente durante unos meses. 

El propio Jaume Roures quiso dejar muy claro en su momento que no se trataba de ningún préstamo o donación y solamente pidió a los miembros de la junta directiva del FC Barcelona el reembolso del coste económico de la garantía al terminar la vigencia de esta. En julio de 2022, Jaume Roures (Orpheus Media) recibió una transferencia por parte de aquellos de 100.000 euros.

Por su parte, según le consta a El Periódico, del mismo grupo editorial,, José Elías obtuvo el compromiso por parte de Joan Laporta de que el Barcelona le abonaría los gastos financieros de su aval, algo que finalmente no ocurrió y que acabó provocando el enfado del empresario badalonés, que terminó desvinculándose por completo del presidente y de su entorno a pesar de que gracias a él (y a Roures) no se repitieron las elecciones y el anterior director general de Audax, Eduard Romeu, entró en la junta azulgrana como vicepresidente económico.

Embargos

Respecto a la cuenta colegiada hay un segundo factor que no deja de ser sorprendente y que habla del control real que los directivos han ejercido sobre ella. A pesar de que fue abierta con la única finalidad de hacer frente al coste del aval, durante todo tiempo que ha permanecido operativa (en la actualidad lo sigue estando), ha tenido que hacer frente a numerosos embargos contra algunos miembros de la junta directiva actual. 

En concreto, se trata de embargos de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria e incluso de multas de tráfico. Es decir, algunos de los miembros de la junta directiva actual no han podido hacer frente a sus obligaciones personales y los organismos oficiales han tenido que recuperar parte de esas deudas económicas en la única cuenta corriente donde había dinero.

Estamos hablando de miles de euros. Un directivo tiene una deuda cercana al millón de euros con la Agencia Tributaria y este organismo oficial le ha ido retirando dinero de la cuenta mancomunada. Lo mismo ocurre con otro directivo que mantiene una elevada deuda con la Seguridad Social. 

Otra cuenta corriente

Y si sorprendente es el tema de los embargos, no lo es menos que en noviembre de 2022, un año y medio después de tomar posesión del club Joan Laporta, la responsable del gabinete presidencial, Manana Giorgadze, enviara un correo electrónico en el que solicitaba a 11 directivos de 17 que se abonara la cantidad de 124.865 euros. Sin embargo, añadía que tenían que hacer ese ingreso no en la cuenta corriente mancomunada que ya existía desde marzo de 2021, sino en una cuenta personal de Joan Laporta en el Banc de Sabadell.

Llamó poderosamente la atención que en esa dirección de correo electrónico faltaran cinco directivos: Elena Fort, Rafael Yuste, Xavier Puig, Antonio Escudero y Ferran Olivé. De estos dos últimos hay constancia de que ya pagaron la parte que les tocaba en la otra cuenta corriente. De los tres primeros se ignora si lo han pagado todo, una parte o nada.

Los 300.000 euros de la candidatura

Además de todos los ingresos de las diferentes empresas, se produjeron dos más en la cuenta corriente solidaria, de 150.000 euros cada uno y procedentes de la candidatura de Joan Laporta a las elecciones de 2021. Es decir, 300.000 euros que sobraron de toda la campaña electoral. Es sabido que los integrantes de esa candidatura (algunos), tuvieron que abonar 150.000 euros para hacer frente a los gastos de la campaña a fondo perdido. Sin embargo, el sobrante no se utilizó para compensar a los directivos que más dinero habían puesto respecto de aquellos que no pusieron la misma cantidad o ninguna. A pesar de que habían entrado 300.000 euros en la cuenta mancomunada, Laporta siguió pidiendo 124.000 euros a unos directivos mientras permitió que otros siguieran sin aportar. Este agravio económico llegó a crear mucho malestar entre los directivos.